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El Gobierno federal nunca debió involucrar a la población en el combate al robo de hidrocarburos, ya que sólo ha generado pánico y ansiedad, que hoy se refleja en compras de pánico, aumentos de precio y crecimiento de la inflación.
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Así lo advierte el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Héctor Luis del Toro Chávez, quien agregó que la implementación de un programa de combate al robo de las gasolinas ha generado una crisis del hidrocarburo, el cual es crucial para la economía del país.
Del Toro Chávez advirtió que ante el cierre de ductos, numerosas gasolineras de diferentes estados de la República, incluido Jalisco, no cuentan con el combustible suficiente para satisfacer la demanda de los ciudadanos e industrias.
Expresó que las compras de pánico; el racionamiento de combustible; el cierre de algunas estaciones de servicio y el caos vial, son ya algunos de los efectos del problema. Como también reiteró que todavía hay otros que podrían afectar a la economía con una menor actividad económica, lo que impactaría en una menor recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda.
Chécalo:
El proceso productivo de algunas empresas ha sido afectado y en el caso del campo, que requiere de gasolina para traslados, por lo que pudiera haber aumento de precios por la carencia de algunos productos y habría un incremento en la inflación.
Comentó el especialista que incluso la medida pudiera afectar el empleo, ante despido de trabajadores que no pueden llegar a sus lugares de trabajo por falta de gasolina.
Resaltó que el sector oficial tiene manera de detectar las fugas en los ductos y el horario. Por lo tanto, las medidas oficiales no tendrían por qué involucrar en el problema a la población.
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Hizo un llamado a que el Gobierno examine el costo-beneficio de sus estrategias en términos económicos, políticos y sociales, ya que generar ansiedad en la población y provocar una parálisis económica no son acciones adecuadas para acabar con el delito.
Finalmente comentó que se requiere una solución eficaz, que garantice el abasto del combustible y castigue a los responsables del “huachicoleo”, incluyendo a funcionarios, empresarios y criminales.
