Abogados presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado del Estado de Jalisco, a petición del dueño de Sulfatos el Águila, Carlos Servín Martínez, quien asegura que abogados de su hermano Horacio, con formal prisión por fraude de más de mil 500 millones de pesos y el despojo de acciones, se jactaron que el 31 de diciembre que lo liberarían previo acuerdo del fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez y el 10 de enero llegó el desistimiento de la fiscalía.
Entérate:
Daniel Fonseca Nuño, abogado de Carlos Servín, comentó que la queja tiene que ver con una serie de acciones que se han suscitado a partir de la detención de un hermano de su representado, que presuntamente incurrió en el delito de fraude por más de mil 500 millones de pesos.
Destacó que el 31 de diciembre de 2019 acudieron a la Fiscalía y se encontraron con el abogado Marco Antonio del Toro Carazo que iba saliendo del despacho del fiscal, además de que éste les comentó que Horacio N. quedaría libre de un momento a otro. Aseguran que Del Toro Carazo y sus subordinados justo presumen de tener amistad con muchos funcionarios, incluyendo el Fiscal General.
Ellos hicieron entonces al menos dos intentos para hablar con el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, hasta que lograron entrevistarse con él. Les dijo -afirmó el abogado- que solo los recibió porque el ofendido padece de discapacidad motriz y se desplaza en una silla de ruedas, negó entonces las afirmaciones del abogado Del Toro Carazo.
Sin embargo, hoy presumen que los engañó. El 10 de enero de 2020, cuando ya se le había dictado auto de formal prisión al indiciado, de pronto llegó un oficio donde el Fiscal General se está desistiendo del Ejercicio de la Acción Penal
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Hoy alegan que esa es sólo facultad del nuevo fiscal Anticorrupción y él debe de revisar si procede o no. Comentó que el juez Noveno ya le ha fijado una fianza para dejarlo en libre, lo que conlleva la reparación del daño, pero más aún, ahora “cuando le han negado un amparo en un Juzgado Primero de Distrito, van con el Fiscal al día siguiente y consiguen un desistimiento y esta persona está a punto de conceder lo que en México no se había visto, una vulneración al estado de derecho, una ilegalidad, una transgresión a los derechos fundamentales no solo de mi cliente, sino sienta un precedente para todos los ciudadanos; en la historia de México nunca se había emitido un desistimiento firmado por un fiscal”. Hoy piden que la CEDHJ revise el asunto y el gobernador, Enrique Alfaro, indague los hechos que pueden dejar en estado de indefensión al ofendido.
