/ martes 10 de diciembre de 2019

Instituto de Derecho Ambiental rinde informe de actividades

La directora general, Raquel Gutiérrez Nájera explicó que a pesar de la complejidad que conlleva la defensa de los temas ambientales, el trabajo del instituto continúa

Con la premisa de continuar con la protección y defensa de las áreas públicas y recursos naturales, el Instituto de Derecho Ambiental (Idea AC) rindió su informe 2019 sobre las causas que han abanderado y el avance de las mismas.

La directora general, Raquel Gutiérrez Nájera explicó que a pesar de la complejidad que conlleva la defensa de los temas ambientales, el trabajo del instituto continúa, por lo que esperarán que el 2020 sea decisivo para algunas causas en las que han implementado diversas acciones.

Detalló que desde el área de Justicia Ambiental del instituto se continuó con el litigio de defensa de áreas verdes y espacios públicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pues en la actualidad tienen en proceso 17 amparos.

De estos, explicó, 4 refieren al manejo del área natural protegida La Primavera; 6 relativos a parques urbanos, a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura o venta de parte de estos para desarrollos inmobiliarios privados; 3 a zonas verdes y bosques de la zona metropolitana; 2 a la ampliación a todos los usos de agua del río Santiago; 1 respecto a la propiedad de una presa; y 1 sobre medio ambiente y planes de desarrollo urbano en Las Cañadas.

"El área también lleva 15 recursos entre quejas y revisiones ante diferentes tribunales colegiados del estado, derivado de los amparos en trámite. Podemos afirmar que el 90% por de los amparos se encuentran en etapa de substanciar las pruebas, por lo que el 2020 será un año decisivo para el agotamiento de la etapa procesal y desahogo de audiencias constitucionales".

En cuanto al área de Derechos Humanos y Protección a Defensores explicó que las dinámicas han sido constantes, ya que el instituto y organizaciones a las que asesoran han enfrentado múltiples amenazas e intimidación de gobiernos municipales, por lo que han fortalecido la denfesa estratégica.

"Se presentaron 3 quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, por los casos de Huentitán, Arboledas del Sur y Santa María Tequepexpan, y se da seguimiento a 2 macrorecomendaciones".

Añadió también que el área de Derechos Agrarios y Ambientales, que se centra en la asesoría legal a comunidades indígenas y ejidos, trabaja en casos emblemáticos como el de la comunidad indígena de Hecho de Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque; la comunidad indígena de Ayotitlán, Cihuatlán; el caso de la presa de La Cañada en Zapotlán del Rey; y el del ejido de Ixtapa de Puerto Vallarta, así como los del Porvenir, el Colomo y San José del Valle, y Valle de Banderas, en Nayarit.

En esta agenda refirió que queda como pendiente la transparencia y erradicación de la corrupción y manejo político de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Sedatu, y el Registro Público de la Propiedad.

"El instituto refrenda su compromiso y alianza con los defensores de la sustentabilidad, porque con ello se defiende la vida y las bases de subsistencia de nuestra sociedad y especie. El acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana no se negocian, se reconocen y respetan como valores éticos fundamentales para la vida de una sociedad democrática", agregó.

Con la premisa de continuar con la protección y defensa de las áreas públicas y recursos naturales, el Instituto de Derecho Ambiental (Idea AC) rindió su informe 2019 sobre las causas que han abanderado y el avance de las mismas.

La directora general, Raquel Gutiérrez Nájera explicó que a pesar de la complejidad que conlleva la defensa de los temas ambientales, el trabajo del instituto continúa, por lo que esperarán que el 2020 sea decisivo para algunas causas en las que han implementado diversas acciones.

Detalló que desde el área de Justicia Ambiental del instituto se continuó con el litigio de defensa de áreas verdes y espacios públicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pues en la actualidad tienen en proceso 17 amparos.

De estos, explicó, 4 refieren al manejo del área natural protegida La Primavera; 6 relativos a parques urbanos, a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura o venta de parte de estos para desarrollos inmobiliarios privados; 3 a zonas verdes y bosques de la zona metropolitana; 2 a la ampliación a todos los usos de agua del río Santiago; 1 respecto a la propiedad de una presa; y 1 sobre medio ambiente y planes de desarrollo urbano en Las Cañadas.

"El área también lleva 15 recursos entre quejas y revisiones ante diferentes tribunales colegiados del estado, derivado de los amparos en trámite. Podemos afirmar que el 90% por de los amparos se encuentran en etapa de substanciar las pruebas, por lo que el 2020 será un año decisivo para el agotamiento de la etapa procesal y desahogo de audiencias constitucionales".

En cuanto al área de Derechos Humanos y Protección a Defensores explicó que las dinámicas han sido constantes, ya que el instituto y organizaciones a las que asesoran han enfrentado múltiples amenazas e intimidación de gobiernos municipales, por lo que han fortalecido la denfesa estratégica.

"Se presentaron 3 quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, por los casos de Huentitán, Arboledas del Sur y Santa María Tequepexpan, y se da seguimiento a 2 macrorecomendaciones".

Añadió también que el área de Derechos Agrarios y Ambientales, que se centra en la asesoría legal a comunidades indígenas y ejidos, trabaja en casos emblemáticos como el de la comunidad indígena de Hecho de Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque; la comunidad indígena de Ayotitlán, Cihuatlán; el caso de la presa de La Cañada en Zapotlán del Rey; y el del ejido de Ixtapa de Puerto Vallarta, así como los del Porvenir, el Colomo y San José del Valle, y Valle de Banderas, en Nayarit.

En esta agenda refirió que queda como pendiente la transparencia y erradicación de la corrupción y manejo político de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Sedatu, y el Registro Público de la Propiedad.

"El instituto refrenda su compromiso y alianza con los defensores de la sustentabilidad, porque con ello se defiende la vida y las bases de subsistencia de nuestra sociedad y especie. El acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana no se negocian, se reconocen y respetan como valores éticos fundamentales para la vida de una sociedad democrática", agregó.

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