Alrededor de 30 ex trabajadores de la desaparecida Sistecozome se manifestaron en el exterior del Palacio de Gobierno para demandar que se les pague una liquidación justa y se les deje de presionar para firmar sus renuncias voluntarias, además de que solicitaron al Congreso del Estado que se revise el dictamen de la extinción de esta empresa paraestatal porque hay varias irregularidades.
Al Gobernador le solicitan que se busquen los recursos para pagar la liquidación de cerca de 300 trabajadores, la mayoría de ellos con más de 55 años de edad, y la cual asciende a casi 40 millones de pesos, pero también exigen se investigue a quién se entregaron las rutas de Sistecozome y acusan al ex titular de Movilidad, Servando Sepúlveda, de tener prestanombres y quedarse con al menos dos rutas.
Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios, explicó que de nuevo piden la intervención del Gobierno del Estado para que se de justicia a los ex trabajadores de Sistecozome ya que la empresa fue extinguida en la Legislatura pasada y se mencionó que se les liquidaría conforme a derecho, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido y se les presionó para renunciar.
“Desafortunadamente ese conforme a derecho se trasladó a un sistema de represión para los trabajadores firmaran renuncias ‘voluntarias’ y no se les liquidará con los 20 días por año, por antigüedad, por eso se pide que se castigue a los responsables del quebranto de la para estatal y a la fecha no hay nadie sancionado, pese a que la Contralora puso demandas penales en contra de Javier Contreras”, quien fue el director durante la administración de Aristóteles Sandoval.
Ene se sentido exigen que se investigue porque según sus cálculos el quebranto asciende a más de cinco mil millones de pesos y no hay responsables, mientras tanto los ex trabajadores ahora buscan la forma de sobrevivir porque muchos de ellos “tienen que juntar cartón o botes de aluminio para poder llevarse alimentos”, en esa situación hay alrededor de 300 trabajadores y para todos ellos se requieren de cerca de 40 millones de pesos.
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Todos los quejosos “están enfermos, tienen padecimientos graves, son hipertensos, diabéticos, padecen de la columna, unos tienen enfermedades nerviosas, unos tienen demandas de reinstalación ganadas, pero a dónde los vas a reinstalar si la empresa desapareció; además a la fecha no se ha pagado ni una sola liquidación, todas son renuncias “voluntarias”, lo cual considera como ilegal porque no se puede renunciar a algo que ya se extinguió.
Del actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, espera que se reinstalen las mesas de diálogo iniciadas hace unas semanas y se logre llegar a un acuerdo, mientras que los diputados revisan el dictamen votado de madrugada y con la omisión de las dos lecturas, lo cual está prohibido por la ley en estos casos.
Finalmente señaló que pedirán que se revisen quiénes están detrás de las recientes rutas-empresas del transporte púbico creadas a partir de la desaparición de ese organismo y señaló directamente al ex titular de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, quien “con presta-nombres se hizo” de la titularidad de las mismas y “tiene mucho que ver en ello”, entre las rutas que posee está la ruta 51.
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