Proponen diputados federales castigar con hasta nueve años de prisión a quien comercialice medicamentos obtenidos ilegalmente, como ha quedado de manifiesto en operativos en la zona del Santuario.
Solo en Jalisco, en el 2017, se denunció que de la clínica 110 del IMSS se robaron medicamento por 300 millones de pesos, de alto ostol, como: hormona del crecimiento, oncológico y Botox, que se presume se quedó en el mercado negro.
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Por varios años encabezó la venta ilegal del medicamento e incluso hay quienes viajaban de otros Estados de la República hacia la zona del barrio del Santuario, donde en varias casas se vendían todo tipo de medicamentos.
La policía federal realizó varios operativos en la zona y clausuró varias de las farmacias, entre legales y clandestinas, esto tras encontrar la venta de muestras médicas, medicamento controlado no registrado, medicinas caducas y además otras hechizas que contenían reactivos falsos o de dudosa fórmula química.
Hoy la modalidad es la venta de medicamentos por vía internet o telefónica, con citas en algún lugar de esa misma zona o incluso a domicilio.
Se asegura que México ocupa el sexto lugar en el ámbito mundial en venta de medicamentos ilegales, sólo superado por China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil, lo que afecta a 8 millones de personas.
Mayores penas e inhabilitación a trabajadores de la salud
Es por ello que el diputado federal José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), y planteó reformar la Ley General de Salud a fin de sancionar conductas irregulares.
La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Salud, reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 464 Ter para agregar que a quien venda, ofrezca o comercie medicamentos obtenidos ilegalmente se castigará con una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo.
Contempla además agravantes, puesto que si el responsable -como ha quedado en algunos casos- es personal adscrito al sector Salud, entonces se le inhabilitará de por vida, a efecto de que no pueda ser contratado nuevamente bajo ninguna modalidad.
Aguilera Rojas afirmó que su propuesta busca castigar conductas transgresoras de la ley que producen quebranto patrimonial en el sector salud y afectan económicamente a derechohabientes.
El mercado negro
El legislador federal confirmó que Jalisco junto con los Estados de Michoacán, Puebla y Ciudad de México son entidades donde se comercializa un mayor volumen de medicina prohibida; además, entre 50 y 90 por ciento de la ofertada en internet es de origen irregular.
Ha quedado demostrada -comentó- la existencia de mercado negro en el que se ofrecen medicamentos, demanda adecuar el marco legal vigente. “El 60 por ciento de éstos es robado, falsificado o ha sido elaborado sin observar los protocolos que debieran seguirse para tal efecto”.
Reiteró que en ocasiones ha quedado demostrado que personal adscrito, al sistema de salud, sea médico o administrativo, sustraen medicina lo que genera escasez en hospitales y clínicas. “Se trata de una minoría, cuantitativamente hablando. No obstante, las conductas irregulares generan un problema de abastecimiento de fármacos, lo cual puede corroborarse en múltiples casos de pacientes que, al verse impedidos de surtir su receta en la instancia correspondiente, se ven en la necesidad de costear su adquisición en farmacias del sector privado”.
Hasta las vacunas venden. En establecimientos particulares, como sanatorios y consultorios, se han detectado los reactivos inicialmente destinados inicialmente al sector Salud, denunció el diputado perredista.
Cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica señalan que tan sólo el ilícito de falsificación y su posterior venta provee a las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos de ganancias anuales.
Las actividades sanitarias en el país, así como de la industria farmacéutica, han localizado en el mercado negro la existencia de medicamentos provenientes del sector Salud. Lo anterior ha generado un reclamo social que demanda castigar a los responsables, sea cual sea la magnitud de los actos irregulares.
Un ejemplo es la vacuna para contrarrestar el virus del neumococo, cuyo valor por una dosis llegó a cotizarse entre mil 200 y mil 500 pesos, siendo necesaria la aplicación de tres dosis para el tratamiento completo.
Resaltó que la regulación actual sanciona sólo a quienes trafican con muestras médicas. Sin embargo, ello abre una amplia “laguna jurídica” que deja sin medidas punitivas las acciones de quienes causan un doble daño, medrar para beneficio propio y generar el desabasto de medicamentos en el sector salud.
