Desde antes de la entrada en vigor de la nueva Ley en Contra de la Crueldad Animal y en la que se incluye las actividades de los rastros, las autoridades municipales de Guadalajara realizaron diversas inversiones para estar apegados a las nomas aseguró el presidente municipal Tapatío, Ismael del Toro Castro.
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La nueva Ley otorga a las autoridades un año para poder realizar todas las adecuaciones o cambios que sean necesarios para que en el caso de los rastros municipales el sacrificio de animales para consumo humano se realice con el menor sufrimiento y estrés, esto como parte de las buenas prácticas dentro de esas instalaciones.
“Desde que se anunció la aprobación en el Congreso y el periodo para entrar en vigor, nosotros (como autoridades) ya estábamos trabajando en ello, ya el rastro de Guadalajara contempla las medidas que están dispuestas en esta nueva modificación al Código, es un tema que además de permanente requiere inversión, las canaletas, el trato que se le da a los animales, pero nosotros ya estamos cumpliendo con esa normatividad”.
En ese sentido se cambiaron especialmente las herramientas con las que se realizaba el sacrifico de los animales, el desolle de las pieles, el tránsito de los animales para que no sufran en su disposición final y “son las que hay que mantener permanentemente porque es equipamiento que con el uso cotidiano puede tener alguna falta de calibración que tenemos que estar vigilando permanentemente”.
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En lo que va de la administración de Ismael del Toro se han invertido alrededor de 16 millones de pesos para realizar los cambios que marca el código correspondiente y a eso se le suma los 60 invertidos en la administración de Enrique Alfaro.
El pasado 5 de abril se reformaron diversos artículos del Código Penal en los cuales se incluyó a los animales de granja y la matanza adecuada en rastros municipales. Las penas aprobadas van desde uno y hasta tres años de cárcel, además se les inhabilita para poder trabajar con animales durante tres años.
Estas reformas convirtieron en delito la falta de aturdimiento antes de su matanza, así como el incumplimiento de las normas federales en la materia y en materia ambiental en donde se debe de asegurar que los animales no sean víctimas de extrema crueldad.
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