Fuerte revés para los hermanos Rubén Masayi y Abraham González Uyeda aplica el Supremo Tribunal de Justicia del Estado al dejar fuera al juez séptimo mercantil Juan Pablo González Magaña, quien expulsó al resto de los hermanos González Uyeda del Consejo de Administración de la empresa Leche Sello Rojo por lo que podría ser inhabilitado, ya que es acusado de presuntos actos de corrupción.
El caso Sello Rojo está en la Octava Sala del Supremo Tribunal, ya que el día 24 de septiembre pasado se admitió el recurso de apelación que se interpuso contra las citadas medidas cautelares. La Octava Sala Especializada en Materia Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, debe resolver sí el Juez actuó de forma irregular y sí se excedió en sus funciones.
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La Octava Sala Especializada en Materia Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia, está integrada por los Magistrados Felipe Sánchez Montes de Oca, José Carlos Herrera Palacios y la preside el Magistrado Roberto Rodríguez Preciado.
En caso de que los Magistrados decidan que las acciones del juez están fuera de la legalidad, quedarán sin efecto las medidas cautelares emitidas por el mismo, se restaurarán los derechos legítimos de los accionistas mayoritarios para regresar al estado en el que se encontraba hasta antes de la toma ilegal de Sello Rojo.
El día 29 de julio, alrededor de 40 hombres armados, algunos de ellos civiles, y otros policías del Estado de Jalisco, tomaron las instalaciones de Sello Rojo y a partir de ese momento se impidió el acceso de parte de los propietarios con lo que comenzó un proceso de desmantelamiento al que está siendo sometida Sello Rojo y que hasta la fecha ha provocado el cierre de centros de distribución en Acapulco, Saltillo y Querétaro y la pérdida de más de 320 puestos de trabajo. El juez
González Magaña intervino en las decisiones de la empresa Sello Rojo el pasado mes de julio del año en curso, al emitir medidas cautelares para arrebatar de sus derechos y expulsar a los socios quienes dirigen la empresa en esos momentos.
Citan que al conseguir el control de la empresa Abraham y Masayi González Uyeda realizaron al menos 2 asambleas irregulares sin la presencia de los socios mayoritarios, en las que se modificaron los estatutos de forma grave, lo que presumen "abriría la puerta a su intento de vender la empresa, en grave perjuicio y total desacuerdo con los socios mayoritarios". Se interpuso queja contra el juez séptimo de lo mercantil por presuntos actos de corrupción.
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