Para evitar problemas de desalojo en viviendas por atrasos en pagos de sus hipotecas, como denunciaron hace días familias de Tlajomulco, integrantes del Frente Mexiquense en defensa para una Vivienda Digna AC los invitaron a acercarse para asesorarlos y ayudarlos.
El líder del frente, José Humbertus Pérez Espinoza, quien ha seguido este tipo de problemas en otras partes de la República, explicó que ampliarán la denuncia penal que tienen en la materia para incorporar los casos que les lleguen de Tlajomulco y demás municipios en Jalisco en los que se han presentado estas situaciones.
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Señaló que tienen de su lado la jurisprudencia para evitar estos desalojos y que solo basta que los presidentes municipales declaren la recuperación administrativa de los conjuntos urbanos, porque no fueron municipalizados, es decir, en donde las constructoras no hayan entregado o resuelto todo lo concerniente a infraestructura hidráulica, eléctrica o sanitaria.
"Al recuperar administrativamente esas áreas, automáticamente no necesita la resolución de un juez ni la resolución de un órgano administrativo, automáticamente, al recuperar administrativa por el falto de cumplimiento de las constructoras y las hipotecarias, automáticamente se quedaría sin efecto cientos de contratos hipotecarios en casi 200 conjuntos urbanos".
En el caso de que los fraccionamientos sí hayan sido entregados, pero se traten de ejidos -como muchas zonas en Jalisco-, pedirán que haya una declaratoria de aseguramiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por falta de solución en cuanto a límites agrarios.
Vicente García, representante del frente en Jalisco, platicó por su parte que el temor de desalojo de alrededor de 8 mil familias -por atrasos en los pagos- no solo está asentado en la zona metropolitana, sino en municipios como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán o San Juan de los Lagos, por lo cual refrendó el llamado para que se acerquen a ellos a fin de ayudarlos.
Recordó que este problema se suscitó por los créditos inflados, cuyas mensualidades muchos ya no pudieron costear por haberse quedado sin empleo, de ahí la intención por integrar cuantos casos sean posibles en la denuncia penal ya presentada, a fin de hacer presión y que las autoridades hagan lo que corresponde para frenar desalojos.
"Lo único que buscamos ahorita es que se unan más personas a la demanda colectiva, así lo hemos llamado, para presentarlo a la Fiscalía General de la República y decirle que aquí están todos, para que se pare todo. Ya presentamos una parte el 5 de noviembre pero las meteremos conforme lleguen, lo importante es ir sumando para hacer más presión", agregó.
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- Para quienes enfrenten estos problemas pueden comunicarse al 33-1978-7279
