El aumento del transporte público en más de 50 rutas en plena pandemia, de 7 a 9.50 pesos, sólo agravó la de por sí golpeada situación económica de los jaliscienses. El investigador de la canasta básica del CUCEA, profesor Héctor Iván del Toro Ríos, aseguró que además un padre de familia pierde aproximadamente 4 mil 800 pesos entre las alcancías que no da cambios. “La movilidad es un derecho, no es un negocio”, sentenció el líder de la FEU, Francisco Javier Armenta Araiza, quien pidió se congele la tarifa en siete pesos y se destinen recursos a la movilidad no motorizada.
Partiendo de esa premisa, en conjunto ambos presentaron un estudio científico y que sustenta la afectación a las familias que menos tienen y tienen que usar el transporte público y a los propios estudiantes.
El líder estudiantil insistió en que “queremos pagar lo justo” y cuestionó las últimas decisiones del gobierno estatal que en plena pandemia y a partir de la segunda quincena del mes de marzo, cuando inició el período del confinamiento, permitió que “se autorizaran a poco más de 50 rutas, el cobro de 9.50 pesos, que antes cobraban 7 pesos” y dijo que esto fue “un madruguete, porque se han autorizado más rutas en ese período, incluso desde que se autorizó el evento hasta antes de esa quincena”.
Refirió que a la fecha no se ha hecho pública la lista que tuvieron aumento -ellos no la tienen- ni tampoco se tienen protocolos claros en materia de salud y que el transporte público siguiera siendo un servicio y no un foco de infección. Además no han cumplido con que el sistema de prepago estaría listo para el 30 de abril, fecha que fijó la misma autoridad.
Durante una revisión aleatoria se encontraron, por ejemplo, que de 120 unidades, a 12 que abordaron no encontraron el sistema de prepago, ni siquiera tenían alcancía, y si el costo del diesel era el argumento de los transportistas para pedir el aumento, hoy permanece a 16.05 pesos y la tarifa no bajó. La lista de inconsistencias es larga.
El presidente de la FEU enfatizó que el prepago no funciona, pero “no solo pagamos más caro, nos roban” porque las máquinas no dan cambio y las empresas trabajan con excedentes: “El macrobús conserva un excedente de mil 500 pesos diarios, el Siteur de 21 mil 859 pesos diarios y esos excedentes generan réditos”.
El profesor e investigador de la canasta básica del CUCEA, Héctor Iván del Toro Ríos, por su parte destacó que principalmente golpea al 25 por ciento de la población jalisciense que vive con dos salarios mínimos, unos 247.20 pesos diarios.
Los 121 productos de la canasta básica se incrementaron de manera impresionante -explicó- y hoy su costo se calcula en 11 mil 317 pesos.
Los mayores excedentes se dieron en productos como los cítricos: Lima y naranja; jitomate, tomate, cebolla, el huevo de 22 a 44 pesos, la tortilla hasta en 16 pesos y hechas a mano hasta 24 pesos por kilo.
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Hoy por hoy una familia tiene un gasto mensual, entre servicios y productos (considerando solo 27 artículos de la canasta básica), de 18 mil 273.60 pesos.
El aumento en el transporte, entonces, se convierte en un golpe directo al bolsillo del usuario, que en el mismo caso de una familia de 4 miembros pagaba 4 mil 256 pesos con la tarifa de 7 y ya con 9.50 pesos tendrían que gastar otros 559.40 pesos adicionales.
Los 50 centavos que no se devuelven -en una familia de los mismos 4 integrantes que usa transporte de lunes a viernes y paga en vez de 9.50 los 10 pesos- representan en un mes la suma de 4 mil 800 pesos.
A esto habrá que sumarle gastos extraordinarios como consecuencia de la crisis sanitaria como el alcohol, cuyo litro estaba en 68 pesos y hoy cuesta 123 pesos; o cubrebocas, cuyo paquete estaba en 50 pesos -paquete de 50 piezas- y hoy está en 125 pesos. La gente, sin embargo, no duda en adquirirlos y paga el precio.
El presidente de la FEU, Javier Armenta, anunció entonces que por el momento las medidas limitan el actuar de la organización en vía pública, por lo que descarta manifestaciones o movilizaciones, “pero vamos a buscar la verdad, seguiremos con las auditorías descriptivas”.
Adelantó que ahora van a auditar ruta por ruta con un número mayormente representativo para ver si las unidades cumplen con la norma técnica.
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Lo que pedirá la FEU al Gobierno del Estado
- Congelamiento de la tarifa a $7 pesos por lo que resta del año.
- Se destinen recursos Económicos del plan de reactivación economía en infraestructura de movilidad no motorizada y subsidios focalizados para el transporte público.
- Si se detecta alguna unidad que no cumpla con los requisitos, se sancione a toda la ruta-empresa e incluso ésta pueda perder la concesión.
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