/ miércoles 22 de julio de 2020

Exigen regresar a la tarifa de 7 pesos del transporte

Mariana Fernández y Sofía García se oponen a que "certifiquen" rutas-empresas para cobrar 9.50 pesos y que el deficiente servicio continue

Exigen regresar a la tarifa de siete pesos del transporte público las diputadas del PRI Mariana Fernández y Sofía García Mosqueda se oponen a que se sigan "certificando" rutas empresas para cobrar 9.50 pesos y el servicio deficiente continue, no obstante que este año los transportistas recibirán 594 millones de pesos en apoyos.

Coinciden con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que hizo recomendación a la Secretaría del Transporte por las irregularidades que presentan las unidades del transporte.

Mariana Fernández indicó: "Hemos encontrado con ayuda de los usuarios que muchos de los camiones son los mismos. Están desbaratados. Las unidades están pintadas pero por dentro están sucias, con los asientos y los vidrios rotos. El servicio es malo. Los choferes no han sido capacitados, son groseros. No respetan las paradas. No dan cambio y, a veces, ni boleto.

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"Por si fuera poco, su famoso sistema de prepago no sirve, la mitad de los camiones no los tiene y para usarlo en la otra mitad, sólo hay un punto de recarga.A pesar de eso y de la difícil situación económica por la que estamos pasando desde hace cuatro meses, con la pandemia, el Gobierno sigue 'certificando' rutas que no cumplen para que cobren 10 pesos".

Presentaron un Juicio de Nulidad el 19 de agosto en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, donde se le asignó el número de expediente 2231/2019 y se turnó a la Segunda Sala Unitaria, donde está al frente el magistrado Laurentino López Villaseñor.

En apenas tres días, sin siquiera analizar la demanda y estructurar argumentos para sentenciar el acto reclamado, el magistrado Laurentino López y su equipo emitieron un acuerdo que, aunque fue fechado el 22 de agosto, les fue notificado sino hasta el 13 de enero pasado.

En la media cuartilla que contiene los “profundos” argumentos jurídicos del magistrado, se deshecha la demanda porque se asegura que las firmas acompañadas a la demanda no corresponden al texto íntegro del documento, detalló la legisladora.

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"No entendemos a que se refiere con eso, las firmas están presentadas conforme a derecho y no hay argumento jurídico nos obligue a presentar la demanda con un formato que le agrade al magistrado", manifestó la diputada Mariana.

"En este caso, y a diferencia del trámite que se sigue en los juzgados federales, nos parece que no quieren atender su responsabilidad jurisdiccional", agregó.

Entienden que en ambos casos, debido al cierre de juzgados y tribunales por la pandemia, los recursos no avanzan desde marzo pasado.

"Aunque han intentado usar todas sus influencias y todos sus pretextos para desalentarnos en esta lucha social, no hemos desistido", apuntó.


Promesas del Gobierno

Hace un año, contra sus propias promesas, el Gobierno del Estado autorizó el alza a la tarifa del pasaje de siete a 9.50 pesos, que en realidad son 10 porque nunca dan cambio.

Lo hicieron "desde la ilegalidad, porque utilizaron como argumento un acuerdo de 2018 del Comité de Validación Tarifaria que autorizaba a subir la tarifa del “Transporte Colectivo, siempre que se cumplieran una mejora importante en las unidades y el servicio. Y decimos que es ilegal, porque lo primero que hicieron fue subir el precio del pasaje en el Tren Ligero y el Macrobús, que no son “Transporte Colectivo” sino “Transporte Masivo”.

En el Macrobús no han cambiado, bolardos dañados, ni han arreglado las puertas que no sirven. No se ha renovado el balizamiento, la señalética o el sistema de prepago como prometieron. Ni siquiera han cambiado los separadores del carril confinado.

También puedes ver:

Y en el Tren Ligero siguen esperando el elevador de Tetlán, la renovación de otros ocho elevadores en distintas estaciones y las nuevas escaleras eléctricas en la estación Juárez..

Después del alza a la tarifa, "reunimos más de cuatro mil firmas y presentamos un Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado y un Amparo ante el Poder Judicial Federal con respecto a las tarifas del transporte masivo".

El Juicio de Amparo indirecto, fue presentado el 15 de agosto del año pasado y recibido por el Primer Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito, que atiende la Jueza Luz Elba de la Torre Orozco. Le fue asignado el número de expediente 1765/2019.

El 16 de agosto, un día después de presentado, la jueza pidió aclarar "si quienes somos legisladores acudíamos como representantes sociales o por nuestro propio derecho. Cumplimos la prevención".

Para el 25 de agosto la demanda fue admitida, pero se negó la suspensión provisional del aumento a la tarifa, por lo que presentaron una queja. El 2 de octubre de 2019 se negó la suspensión definitiva de este cobro ilegal, por lo que entonces presentaron un recurso de revisión.

Y el 31 de enero de este 2020, el juzgado sobreseyó el juicio de amparo y dijeron que no se había acreditado el interés legítimo y jurídico porque los boletos que expiden las máquinas del Tren Ligero no incluyen el nombre de la persona que lo adquiere y porque tampoco "presentamos pruebas de que quienes firmamos el amparo vivimos cerca de una estación o tenemos necesidad de usar el Tren Ligero".

Subrayó la diputada: "¡Como si el derecho de las personas a usar el transporte público dependiera de la cercanía de su domicilio con la parada o una estación! ¡Como si las personas que viven en Tlajomulco no tuvieran derecho a usar el Tren Ligero, porque viven lejos de la estación Colón o porque no tienen que ir cotidianamente al Centro de Guadalajara!"

El 14 de febrero presentarpon un recurso de revisión a esta sentencia del que dio cuenta el Juzgado de Distrito, asignando el número de expediente 156/2020 y están a la espera de la respuesta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Exigen regresar a la tarifa de siete pesos del transporte público las diputadas del PRI Mariana Fernández y Sofía García Mosqueda se oponen a que se sigan "certificando" rutas empresas para cobrar 9.50 pesos y el servicio deficiente continue, no obstante que este año los transportistas recibirán 594 millones de pesos en apoyos.

Coinciden con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que hizo recomendación a la Secretaría del Transporte por las irregularidades que presentan las unidades del transporte.

Mariana Fernández indicó: "Hemos encontrado con ayuda de los usuarios que muchos de los camiones son los mismos. Están desbaratados. Las unidades están pintadas pero por dentro están sucias, con los asientos y los vidrios rotos. El servicio es malo. Los choferes no han sido capacitados, son groseros. No respetan las paradas. No dan cambio y, a veces, ni boleto.

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Presentaron un Juicio de Nulidad el 19 de agosto en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, donde se le asignó el número de expediente 2231/2019 y se turnó a la Segunda Sala Unitaria, donde está al frente el magistrado Laurentino López Villaseñor.

En apenas tres días, sin siquiera analizar la demanda y estructurar argumentos para sentenciar el acto reclamado, el magistrado Laurentino López y su equipo emitieron un acuerdo que, aunque fue fechado el 22 de agosto, les fue notificado sino hasta el 13 de enero pasado.

En la media cuartilla que contiene los “profundos” argumentos jurídicos del magistrado, se deshecha la demanda porque se asegura que las firmas acompañadas a la demanda no corresponden al texto íntegro del documento, detalló la legisladora.

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"No entendemos a que se refiere con eso, las firmas están presentadas conforme a derecho y no hay argumento jurídico nos obligue a presentar la demanda con un formato que le agrade al magistrado", manifestó la diputada Mariana.

"En este caso, y a diferencia del trámite que se sigue en los juzgados federales, nos parece que no quieren atender su responsabilidad jurisdiccional", agregó.

Entienden que en ambos casos, debido al cierre de juzgados y tribunales por la pandemia, los recursos no avanzan desde marzo pasado.

"Aunque han intentado usar todas sus influencias y todos sus pretextos para desalentarnos en esta lucha social, no hemos desistido", apuntó.


Promesas del Gobierno

Hace un año, contra sus propias promesas, el Gobierno del Estado autorizó el alza a la tarifa del pasaje de siete a 9.50 pesos, que en realidad son 10 porque nunca dan cambio.

Lo hicieron "desde la ilegalidad, porque utilizaron como argumento un acuerdo de 2018 del Comité de Validación Tarifaria que autorizaba a subir la tarifa del “Transporte Colectivo, siempre que se cumplieran una mejora importante en las unidades y el servicio. Y decimos que es ilegal, porque lo primero que hicieron fue subir el precio del pasaje en el Tren Ligero y el Macrobús, que no son “Transporte Colectivo” sino “Transporte Masivo”.

En el Macrobús no han cambiado, bolardos dañados, ni han arreglado las puertas que no sirven. No se ha renovado el balizamiento, la señalética o el sistema de prepago como prometieron. Ni siquiera han cambiado los separadores del carril confinado.

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Y en el Tren Ligero siguen esperando el elevador de Tetlán, la renovación de otros ocho elevadores en distintas estaciones y las nuevas escaleras eléctricas en la estación Juárez..

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El Juicio de Amparo indirecto, fue presentado el 15 de agosto del año pasado y recibido por el Primer Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito, que atiende la Jueza Luz Elba de la Torre Orozco. Le fue asignado el número de expediente 1765/2019.

El 16 de agosto, un día después de presentado, la jueza pidió aclarar "si quienes somos legisladores acudíamos como representantes sociales o por nuestro propio derecho. Cumplimos la prevención".

Para el 25 de agosto la demanda fue admitida, pero se negó la suspensión provisional del aumento a la tarifa, por lo que presentaron una queja. El 2 de octubre de 2019 se negó la suspensión definitiva de este cobro ilegal, por lo que entonces presentaron un recurso de revisión.

Y el 31 de enero de este 2020, el juzgado sobreseyó el juicio de amparo y dijeron que no se había acreditado el interés legítimo y jurídico porque los boletos que expiden las máquinas del Tren Ligero no incluyen el nombre de la persona que lo adquiere y porque tampoco "presentamos pruebas de que quienes firmamos el amparo vivimos cerca de una estación o tenemos necesidad de usar el Tren Ligero".

Subrayó la diputada: "¡Como si el derecho de las personas a usar el transporte público dependiera de la cercanía de su domicilio con la parada o una estación! ¡Como si las personas que viven en Tlajomulco no tuvieran derecho a usar el Tren Ligero, porque viven lejos de la estación Colón o porque no tienen que ir cotidianamente al Centro de Guadalajara!"

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