/ miércoles 28 de marzo de 2018

Ex Gobernador de Nayarit evita cualquier acción penal

Es la primer batalla de una guerra legal con su sucesor

Una suspensión otorgada por el juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal de Jalisco evita que sea sujeto a cualquier acción de tipo penal el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por el momento. Ordena además respetarle el derecho de audiencia y defensa dentro de la integración de las carpetas de investigación.

Dentro del Juicio de Amparo 304/2018 se resuelve que se abstengan de judicializar las carpetas de investigación abiertas en su contra, por las diversas autoridades y ante las diversas instancias.

Esto imposibilita a la Procuraduría General de la República, Fiscalía de Nayarit y Fiscalía de Jalisco.

El quejoso debe saber de que se le acusa y por lo tanto las autoridades en mención deben de confirmar si hay denuncias en su contra, así como dar a conocer los contenidos, pruebas presentadas, etcétera, dentro de las carpetas de investigación. Debe respetarse su derecho a la audiencia y defensa.

No podrán actuar

Fiscales de la PGR, Nayarit y Jalisco, no podrán emprender acciones en su contra, en tanto no le den derecho a la audiencia y que tanto él como sus abogados conozcan el contenido de las carpetas de investigación. Antes podrán dar respuesta, responder y rebatir cada una de las imputaciones.

Aseguran, en el alegato de fondo, que el Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola derechos elementales como la audiencia y defensa, esto al no tener un acceso oportuno a los registros de un posible delito.

En la foja número 13 de la resolución deja en claro que “la medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las referidas autoridades responsables la ejecutoria en cuanto a causa ejecutoria la sentencia definitiva del cual emana el presidente incidente”.

Añade además que “esta suspensión no impide a las autoridades responsables lleven a cabo la debida integración de las citadas carpetas de investigación o averiguaciones previas, es decir, continuar con ellas y está en aptitud de desahogar todas y cada una de las diigencias tendientes a la investigación del respectivo delito”.

Las causas que enfrentaba

Carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI/0031/18 por presunto Enriquecimiento ilícito. Por este motivo la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Nayarit. La denuncia fue interpuesta por Rodrigo González Barrios, ex diputado e integrante de la Comisión de la Verdad, por presunto enriquecimiento ilícito. Le incautaron el edificio de la Fundación Ríe en El Pedregal de San Juan; un rancho en el ejido La Cantera, una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Bonaterra; lotes en el Lago David y una residencia en la Colonia Doctor Leyva Medina; todos con valor superior a los 150 millones de pesos.

Juicio Político ante el Congreso del Estado de Nayarit. Acusación por supuesto desvío de recursos por 2 mil 700 millones de pesos, cohecho y hasta asociación delictuosa. Por estas causas intentaron procesar al ex secretario de finanzas Mario Alberto Pacheco Ventura y al contralor Luis Antonio Apaseo Gordillo. El caso fue conectado con con el arresto del Fiscal Édgar Veytia, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El mismo Juez Quinto de Distrito de Amparo en materia de Procedimientos Penales, Emilio Enrique Pedroza Montes, estableció el 9 de abril una nueva audiencia en el caso para que rindan justificación las partes involucradas (foráneas) en torno a los alcances de la medida cautelar.

Como tales se cita al presidente de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso Federal y el fiscal General del Estado de Nayarit.

Una suspensión otorgada por el juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal de Jalisco evita que sea sujeto a cualquier acción de tipo penal el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por el momento. Ordena además respetarle el derecho de audiencia y defensa dentro de la integración de las carpetas de investigación.

Dentro del Juicio de Amparo 304/2018 se resuelve que se abstengan de judicializar las carpetas de investigación abiertas en su contra, por las diversas autoridades y ante las diversas instancias.

Esto imposibilita a la Procuraduría General de la República, Fiscalía de Nayarit y Fiscalía de Jalisco.

El quejoso debe saber de que se le acusa y por lo tanto las autoridades en mención deben de confirmar si hay denuncias en su contra, así como dar a conocer los contenidos, pruebas presentadas, etcétera, dentro de las carpetas de investigación. Debe respetarse su derecho a la audiencia y defensa.

No podrán actuar

Fiscales de la PGR, Nayarit y Jalisco, no podrán emprender acciones en su contra, en tanto no le den derecho a la audiencia y que tanto él como sus abogados conozcan el contenido de las carpetas de investigación. Antes podrán dar respuesta, responder y rebatir cada una de las imputaciones.

Aseguran, en el alegato de fondo, que el Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola derechos elementales como la audiencia y defensa, esto al no tener un acceso oportuno a los registros de un posible delito.

En la foja número 13 de la resolución deja en claro que “la medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las referidas autoridades responsables la ejecutoria en cuanto a causa ejecutoria la sentencia definitiva del cual emana el presidente incidente”.

Añade además que “esta suspensión no impide a las autoridades responsables lleven a cabo la debida integración de las citadas carpetas de investigación o averiguaciones previas, es decir, continuar con ellas y está en aptitud de desahogar todas y cada una de las diigencias tendientes a la investigación del respectivo delito”.

Las causas que enfrentaba

Carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI/0031/18 por presunto Enriquecimiento ilícito. Por este motivo la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Nayarit. La denuncia fue interpuesta por Rodrigo González Barrios, ex diputado e integrante de la Comisión de la Verdad, por presunto enriquecimiento ilícito. Le incautaron el edificio de la Fundación Ríe en El Pedregal de San Juan; un rancho en el ejido La Cantera, una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Bonaterra; lotes en el Lago David y una residencia en la Colonia Doctor Leyva Medina; todos con valor superior a los 150 millones de pesos.

Juicio Político ante el Congreso del Estado de Nayarit. Acusación por supuesto desvío de recursos por 2 mil 700 millones de pesos, cohecho y hasta asociación delictuosa. Por estas causas intentaron procesar al ex secretario de finanzas Mario Alberto Pacheco Ventura y al contralor Luis Antonio Apaseo Gordillo. El caso fue conectado con con el arresto del Fiscal Édgar Veytia, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El mismo Juez Quinto de Distrito de Amparo en materia de Procedimientos Penales, Emilio Enrique Pedroza Montes, estableció el 9 de abril una nueva audiencia en el caso para que rindan justificación las partes involucradas (foráneas) en torno a los alcances de la medida cautelar.

Como tales se cita al presidente de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso Federal y el fiscal General del Estado de Nayarit.

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