Las y los ombudsman del país ven con preocupación y alto riesgo una serie de afectaciones sociales, de educación y de alimentación en las niñas, niños y adolescentes luego de que se eliminara la jornada escolar ampliada y de los servicios de alimentación en el Programa Nacional “La escuela es Nuestra”.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), enumeran entre los riesgos, la deserción escolar, la prevalencia de embarazo adolescente y el incremento de la participación de niñas, niños y adolescentes en tareas no remuneradas de cuidado y trabajo informal en perjuicio de su derecho a la educación y desarrollo.
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A través de un comunicado, la asociación que agrupa a los 33 Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, indica que con esta eliminación de dos de los tres componentes de ampliación de jornada escolar y de servicio de alimentación implica “un impacto negativo en la nutrición, equilibrio emocional, desarrollo de habilidades de sociabilidad y convivencia necesarias para el aprendizaje, de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en todas las entidades federativas del país”.
Las y los ombudsman muestran su preocupación ante tales medidas, menciona que son opuestos al principio del Interés Superior de la Niñez, por ello, hacen un llamado “urgente” a implementar medidas para evitar tales impactos, continuar con la cobertura nacional de la jornada escolar y los servicios de alimentación para población precarizada.
Asimismo, urge al Estado a cumplir con su obligación de disponer de los recursos necesarios para la protección de niñas, niños y adolescentes conforme al mandato constitucional que incluye el contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus directrices.
La FMOPDH exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a las autoridades estatales de educación y a la Comisión Intersectorial para el regreso a clases presenciales -que incorpora a las Secretarías federales de Salud y Trabajo, así como al Sistema Nacional DIF- a trabajar para plantear y ejecutar alternativas que impidan perder la posibilidad de fortalecer la alimentación y el aprovechamiento académico y de inclusión social de niñas, niños y adolescentes.
Además, reiteran su disposición a participar en este proceso mediante la colaboración técnica y el vínculo con comunidades y aliados, para la construcción de alternativas eficaces desde un enfoque diferencial e interseccional de los derechos humanos.
