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El Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción señaló a los diputados Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, Hugo Contreras, del PRI, y Miguel Monraz, del PAN, de dar "línea" a sus respectivas bancadas para designar a los y las titulares de las magistraturas vacantes, con "la lógica de los acuerdos políticos o cuotas de partido, en lugar de atender el resultado de las respectivas evaluaciones y el desempeño, capacidad y experiencia de los y las contendientes", indicó su coordinadora, Cecilia Díaz Romo.
En el informe del Observatorio que dieron a conocer en rueda de prensa, indicaron que desde mediados del año 2017 al cierre de las Mesas Interinstitucionales para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, se presentó la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco para que, en el caso de votación para definir puestos públicos relevantes especialmente contra la corrupción y la impunidad, ésta se hiciera nominal y no secreta.
Sin embargo, lamentó: "Los diputados que ya se van no hicieron tal modificación. Al no saber por quién votaron, no hay forma de exigirles el raciocinio de su voto".
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Cuestionaron: "¿No se habrán dado cuenta los y las diputadas de que disponer de puestos, presupuestos y decisiones públicas en beneficio privado, es corrupción?".
Destacan los nombramientos de Fany Lorena Jiménez Aguirre como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa ligada al PAN, a Daniel Espinosa a MC y Consuelo del Rosario González al PRI.
Contrario a ello, está el nombramiento a principios de este año de Aimeé Figueroa Neri como secretaria técnica del Sistema, así como la reciente integración de Nancy García Vázquez, al Comité de Participación Social, que "representan para la causa de las mujeres un avance en su incorporación, promoción y movilidad laboral y para el Sistema un paso hacia la igualdad sustantiva".
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También señalaron que no obstante que la Constitución del Estado de Jalisco en el artículo 106, fracción tercera y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco en sus artículos 50 y 51 dictan que “la Contraloría del Estado podrá designar y remover a las personas titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Descentralizada y Paraestatal; así como a las y los auditores externos en los casos en que la Ley así lo prevea”, esto no sucede porque la legislatura saliente no armonizó este mandato constitucional en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
La consecuencia directa e inmediata de esta omisión obstruye la adecuada rendición de cuentas, pues quien supervisa, depende directamente del ente o persona supervisada. (Esto configura un error básico en cualquier manual de fiscalización pública, que la Legislatura que se va, no quiso corregir).
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También quedó pendiente la revisión y adecuación del Código Penal, especialmente el Título VII que, debido a un " trabajo superficial" de la actual Legislatura, consigna como delitos de corrupción, acciones que no tienen una relación directa con el tema y que distraen el trabajo de Fiscalía Anticorrupción en lo que sí le compete directamente.
Se presentaron dos iniciativas para corregir esta situación, mismas que descansan en algún cajón de “asuntos” no urgentes, de la Comisión de Puntos Constitucionales.
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