En el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se tienen 17 mil expedientes de demandas laborales, de los cuales 6 mil ya están para ejecución de laudos, que representan poco más de mil millones de pesos, lo que presiona las finanzas de los ayuntamientos, señaló el diputado Gustavo Macías Zambrano, que junto con el diputado Jorge Eduardo González Arana, presentaron iniciativa de reforma en la ley de Justicia Alternativa para solucionar y agilizar los conflictos laborales.
Proponen modificar la Ley para que dichos juicios se presenten en primera instancia a través del sistema de Justicia Alternativa.
Expuso Macías Zambrano que en promedio un 60% de las demandas laborales las pierden los entes públicos.
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Tan sólo de 2015 a 2018, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara tuvieron que pagar 200 millones de pesos en laudos, indicó el panista.
Los legisladores panistas, proponen reformar el Artículo 5º de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 128 y 130 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, a fin de que los afectados puedan presentar su demanda en cualquiera de las instalaciones del Instituto de Justicia Alternativa.
Macías Zambrano propuso promover un método alterno para la solución de este tipo de conflictos, y que los métodos alternos sean aplicables a todos los asuntos del orden civil y los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y entidades públicas y sus trabajadores, susceptibles de convenio o transacción.
“Buscamos que prive la conciliación y sobre todo, la razón, para evitar que se sigan acumulando los procedimientos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y sobre todo, los laudos condenatorios para las instancias públicas, con el consiguiente impacto presupuestal y por ende, para la ciudadanía, que se ve a su vez afectada en la recepción de servicios y funciones públicas”, señaló.
Dijo que su propuesta ya ha sido dialogada con autoridades del Poder Judicial estatal, y su implementación no requeriría la creación de nuevas plazas, ni la asignación de recursos extraordinarios por parte del Estado, concluyeron los legisladores.
El objetivo es disminuir la carga laboral que afecta al Tribunal Arbitraje y Escalafón, así como reducir tiempos de resolución y disminuir el costo al erario público que implican las reinstalaciones y pago de salarios caídos por demandas de empleados del servicio público.
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