Denuncian socios que injerencia de juez generó grave crisis en lechera

Cuatro de los seis socios de la empresa lechera Guadalajara, mejor conocida como Sello Rojo, denuncian que ésta entró en una grave crisis provocada por corrupción del Poder Judicial de Jalisco y tras de que hace un mes dos de los socios ordenaron el cierre de distribución de Acapulco, Saltillo y Querétaro dejando sin empleo a más de 320 trabajadores.

A través de un comunicado sin sellos oficiales ni hojas membretadas los socios Aída Araceli Tomie, Alfredo Shigueru, Roberto Eiji y Sergio Akira González Uyeda, denuncian hechos de arbitrariedades de sus consanguíneos Abraham y Rubén Masayi González Uyeda, quien controlan la empresa en complicidad con un juez jalisciense, según se indica en el boletín.

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Secuestrada judicialmente la empresa Sello Rojo denuncian Hermanos González Uyeda

Explican que la lechera, que opera el 10% del mercado de lácteos en el país, tiene una grave crisis que “está en plena escalada a causa de la intromisión ilegal del juez Juan Pablo González Magaña, quien expulsó a los socios mayoritarios del Consejo de Administración y los despojó de sus derechos, para entregar la empresa totalmente a Abraham y Rubén Masayi González Uyeda, quienes mantienen a Sello Rojo secuestrada y en pleno desmantelamiento”.

Detallan que en agosto ambos personajes ordenaron parar los centros de distribución en Acapulco, Querétaro y Saltillo, de los que se despidieron a 170 trabajadores a los que se suman los 150 empleados que dicen fueron despedidos de forma injustificada en la planta central de Guadalajara.

Esta empresa Jalisciense tiene más de cinco mil trabajadores en todo el país y representa aproximadamente el 10% del mercado de lácteos, “lo que explica la gravísima afectación al mercado y a la cadena de producción que generaría su desaparición, en particular el sector ganadero de Jalisco”.

Agregaron que el miércoles el Consejo de la Judicatura del Estado inició una investigación en contra del juez Juan Pablo González Magaña “por su intromisión en el Consejo de Administración de Sello Rojo” con el argumento de que se excedió en sus funciones. “Sin embargo la situación de la empresa es crítica, por lo que los socios mayoritarios urgen la intervención del Gobernador de Jalisco y del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia con el fin de evitar una mayor pérdida de empleos y graves afectaciones a la cadena productiva” a la que pertenece la empresa.