Los integrantes de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan denuncian las presiones a las que están sometidos por diversas autoridades y hasta la corrupción de jueces para despojarlos mil 200 hectáreas de tierras ubicadas en Colon y Periférico Sur para impulsar desarrollo habitacionales.
El abogado de los ejidatarios, José de Jesús Castell López, destacó que por “intereses mobiliarios, prueba de ello son las torres que detuvimos con un amparo en Arboledas del Sur y este procedimiento de manera irregular cayó en el juez Quinto de lo administrativo”, pero era ya un expediente archivado desde el 2004.
El abogado no dudó en asegura que “hay intereses del gobierno municipal de Tlaquepaque, Guadalajara y de manera directa el Gobierno del Estado y muestra de ello es que en Arboledas del Sur hay una inmobiliaria en donde hay familia de (Enrique) Alfaro, probablemente el también en donde es socio”, así como el ex presidente del PAN y ex candidato a Gobernador por el PRD, Fernando Garza, quien tiene su inmobiliaria ahí.
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“Lo que nos queda claro es que ellos montaron un grupo al interior de la comunidad que en un momento fueron comuneros pero muchos de ellos ya no viven ahí, se retiraron y este grupo qué es lo que pretende el Gobierno municipal y el Gobierno del Estado al tratar de destituir como representante a Gabino Hernández, a tal grado que ellos portan armas.
Mientras que el abogado Pedro León Corrales destacó que este grupo puede equipararse a “sicarios” ya que en todo momento portan armas con las que intimidan a los comuneros y anunció que interpondrán las denuncias que sean necesarias.
Además, de acudirán al Consejo de la Judicatura para denunciar al juez y que se le inicie un proceso de destitución por ordenar a la magistrada del Tribunal Agrario número 15 que realice una convocatoria en donde se ratifica a Gabino como representante pero el juez Quinto desconoce esa situación y aplicarle una nueva ley agraria.
Mientras que Gabino Hernández, representante ejidal, destacó que “hemos visto más presión con el gobierno de Movimiento Ciudadano sobre la comunidad indígena, provocan pleitos en la comunidad, entre padres e hijos, hacen creer que se tendrá una regularización de las tierras” lo cual no es verdad y en la “última asamblea hasta gente armada estuvo (a quienes califican de mercenarios) por eso pedimos legalidad y que se cumpla la ley”.
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