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Denuncia Zapotlanejo a juez por abuso de autoridad

  • Víctor Manuel Ramírez Álvarez
  • en Local

Por considerar que comete abuso de autoridad aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades y delitos cometidos en la administración de justicia, al ordenar el congelamiento de las cuentas del municipio de Zapoltanejo en donde se depositan recursos federales etiquetados para obra prioritarios debido a un añejo litigio legal, el presidente municipal, Héctor Alvarez Contreras presentó denuncia penal, juicio político y queja ante el consejo de la Judicatura en contra del juez Alan Rafael Acosta Navarro.

Alvarez Contreras detalló que este litigio tiene 24 años y se emprendió cuando a un particular le invadieron tierras aparentemente de su propiedad y en las que se construyeron viviendas de 100 familias, por lo que el municipio al interceder le permutó esos terrenos por los que actualmente tiene y en donde se le prometió realizar obras de urbanización, las cuales por diversas causas no ha sido posible ejecutarlas.

Pero este caso que aparentemente comenzaba a solucionarse dio un giro de 180 grados con la llegada al municipio de dicho juez y quien en tan sólo tres meses dictó sentencia condenatoria al pago de seis millones 534 mil pesos, sin llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar qué bienes del Ayuntamiento podrían servir de aval para dicho pago. Esto le extraño ya que en dicho juzgado hay al menos dos mil expedientes y sólo se le dio celeridad a este caso por lo que no duda que haya contubernio entre los abogados del demandante y el juez quien fue acusado de liberar a unos extorsionadores cuando despachaba en el municipio de Chapala.

Explicó que el 15 de marzo de este año el juez mixto de primera instancia de Zapotlanejo, Alan Rafael Acosta Navarro, a “sólo 3 meses de haber asumido el cargo, condenó al municipio a pagar en efectivo la cantidad de seis millones  534 mil 331 pesos por concepto de urbanización del predio, sin existir un plan parcial de urbanización autorizado por el propio ayuntamiento de donde se desprendiera dicha cantidad, es decir hicieron una genial estimación para determinar el monto a repartir, sin haber desahogado un incidente que nosotros presentamos como recurso legal”.

Detalló que dicho juez ordenó llevar a cabo una diligencia de embargo el 4 de julio en donde el municipio señalaría bienes que garantizaran el pago: “Nosotros estábamos preparados con varios predios, sin embargo el juez de manera ilegal y en contra de su propia resolución, sin practicar la diligencia, gira una orden judicial a los funcionarios de los bancos con los que opera el municipio para que procedieran a embargar las cuentas y exige que se le entreguen en cheque certificado los recursos para cubrir la cantidad demandada”.

Pero el 20 de septiembre el banco Bancomer le contesta al juez que ha sido retenida o congelada dicha cantidad: “A solo 20 minutos de que el juez recibe la notificación de la existencia y retención de los recursos, acuerda y gira un nuevo oficio al banco dándole un plazo fulminante de 24 horas para entregarle el cheque, pero de nueva cuenta el banco le informa al juez que no puede expedirle un cheque a nombre de dos personas, y ese mismo día en un acto de justicia super expedita, el mismo juez le gira otro oficio y le exige que de manera inmediata elabore y le entregue los dos cheques a él, so pena de aplicar las multas correspondientes y el arresto por 36 horas de los funcionarios de la institución que no estaban acatando las ordenes”.

Tanta fue la presión, las amenazas y el acoso que los directivos del banco decidieron darle vacaciones a la titular del área jurídica debido a que entró en una serie crisis nerviosa y a la fecha no ha regresado para no exponerse a las amenazas de los abogados y del juez.

Por todos estos hechos es que se presentó ante el congreso ya una petición de juicio político en el Congreso de Jalisco, ante el consejo  de la Judicatura una queja para que se evalúe el caso del juez y ante la Fiscalía General una denuncia penal para que se investigue los, “delitos de abuso de autoridad, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades y delitos cometidos en la administración de justicia”.

Además ante instancias federales se logró obtener una suspensión para que dichos recursos no sean entregados al juez y se descongelen las cuentas ya que al ser dinero etiquetado para obras prioritarias son inembargables, además se espera que este martes el juez federal decida de forma definitiva si libera dichos recursos y sanciona al juez local.

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