A pesar de la oposición de la bancada del PRI, se aprobó con 35 votos a favor la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con lo que se elimina la discrecionalidad, al definir la asignación de escoltas para funcionarios, exfuncionarios y particulares, a un dictamen técnico emitido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se precisarán horarios, equipamiento, cantidad de vehículos y elementos asignados.

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Establece máximos de escoltas para quienes ocupan u ocuparon cargos específicos de Gobierno, entre ellos el de gobernador, presidente del Supremo Tribunal, presidentes municipales, comisarios y directores de Seguridad Pública.

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La propuesta es de los diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano Héctor Pizano Ramos, Priscila Franco Barba y el coordinador Salvador Caro Cabrera.