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Congreso no tiene facultades discrecionales o soberanas para elegir magistrados: Suprema Corte

  • Víctor Manuel Chávez Ogazón
  • en Local

El Congreso de Jalisco tiene facultades constitucionales para designar magistrados, pero éstas ni son discrecionales ni soberanas, así lo resolvió ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2009 determinó que los diputados deben fundar y motivar su designación. Los legisladores, con la resolución del jueves, están al filo del desacato.

La jurisprudencia 136/2009, publicada en la página 616 del tomo XXX, de la Novena Época, con el número de registro 166361 y emitida por la Segunda Sala en septiembre del 2009, confirma lo que EL OCCIDENTAL dio a conocer en su edición pasada: los diputados están a un paso de incurrir en desacato. La misma fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Y es que si bien el Artículo 35 de la Constitución Política de Jalisco señala que “son facultades del Congreso: IX. Elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los titulares del Consejo General del Poder Judicial, en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes de la materia; precisamente para que en la elección de este tipo de funcionarios no se den las componendas políticas y la sociedad es la que se vea perjudicada con funcionarios a modo”, señala textualmente la norma.

LOS REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO

El mismo Artículo 59 de la misma Constitución indica que para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo del estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país;

2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección;

3. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en Derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado;

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

5. No haber sido gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, procurador general de Justicia, integrante del Consejo General del Poder Judicial, diputado local, presidente, vicepresidente municipal o regidor de Ayuntamiento, durante el año previo al día de la elección; y

6. No haber sido secretario de Estado o jefe de departamento administrativo de la Federación, procurador general de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección.

ACLARA LA SUPREMA CORTE

Sin embargo, existe la jurisprudencia que ya se hacía mención y se titula “Los procedimientos para la elección, ratificación o cese en funciones por término del encargo de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, no son actos soberanos y discrecionales del Congreso local, por lo que su reclamo en el juicio de garantías no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del Artículo 73 de la Ley de Amparo”.

La Corte destaca: “En el Artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que deben observar los poderes judiciales locales, a los cuales deberán sujetarse las entidades federativas y sus tres poderes en los que se divide el ejercicio del poder público como formas para garantizar la independencia judicial en la administración de justicia local, los cuales consisten en el establecimiento de: a) Carrera judicial; b) Requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado; c) Seguridad económica de jueces y magistrados; y, d) Estabilidad en el ejercicio del cargo, que abarca la duración en tal ejercicio y la posibilidad de ratificación o reelección a su término. Estos principios deben garantizarse por las constituciones y leyes estatales para lograr una plena independencia y autonomía de los poderes judiciales locales, sin que el hecho de que no se encuentren establecidos en aquellas signifique que el Poder Judicial no cuenta con ellos, ya que son de observancia obligatoria”.

Detalla la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Ahora bien, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del estado de Jalisco, contienen los principios anotados cuando confieren al Congreso de la entidad la facultad de elegir, ratificar o cesar en sus funciones por término del encargo, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local; pero para el ejercicio de esa facultad exigen la existencia de ciertas causas y el cumplimiento de determinados requisitos esenciales, para que la Legislatura, con base en ellos, decida lo conducente; por ello, si la facultad mencionada está sujeta a determinadas reglas no puede considerarse soberana y discrecional, porque esto debe entenderse como el poder, atribución o derecho otorgado a la autoridad por una norma de derecho positivo vigente, para decidir acerca de algo sin sujetarse a reglas específicas”.

Cita la Corte: “Además, las decisiones del Congreso local relacionadas con los procesos referidos no pueden considerarse discrecionales y soberanas, porque no pueden tomarse sin una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionarían con la naturaleza misma de esos procesos decisorios, dado que no podrían ser al mismo tiempo fundadas y motivadas, esto es, sujetas al control racional del derecho, y discrecionales y soberanas, es decir, absolutamente libres e independientes de cualquier consideración, de ahí que el reclamo de dichos actos en el juicio de garantías no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del Artículo 73 de la Ley de Amparo”.

Se destaca que ya se dio una contradicción de tesis 118/2009 y se dictó otra tesis de jurisprudencia 136/2009 en el mismo sentido y luego se destaca una anotación especial en el sentido de que “esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 88/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 7 de abril de 2016”.

Por lo tanto, la jurisprudencia en mención sigue vigente y a los diputados locales se les acaban las opciones para salir del problema.

PUNTO DE CONFLICTO

De ahí entonces, que los diputados de la Comisión de Justicia y luego ya en Pleno podrán elegir al nuevo magistrado, pero no en forma discrecional sino considerando los requisitos, como son carrera judicial, grado de estudios, cursos, conferencias y años de experiencia como abogados.

Bajo este escenario, es por ello que jueces federales y ahora un Tribunal Colegiado no han dado por cumplimentada la resolución que invita a fundar y motivar su decisión, considerando precisamente las cifras que EL OCCIDENTAL ha dado a conocer como el que el actual magistrado, Antonio Flores Allende, no tiene carrera judicial, su grado de estudios es licenciatura y alcanza 22 años de experiencia; contra los 24 años cinco meses de la carrera judicial de Nicolás Alvarado, que es doctor en derecho, tiene 52 cursos recibidos, seis conferencias, dos libros publicados y 17 años y cinco meses de experiencia.

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