TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- Tras la solicitud de declaración de procedencia (desafuero) realizada a la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Raymundo García Chávez, por considerar que posiblemente tiene responsabilidad en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el Articulo 255 del Código Penal para el estado de Nayarit en agravio de la sociedad, este jueves en sesión pública, se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de acuerdo que determina examinar si el señalado tienen la calidad de servidor público considerado en supuestos del Articulo 125 de la Constitución nayarita.
La solicitud fue presentada el 20 de agosto por el titular de la Fiscalía General de Nayarit, Petronilo Ponce Díaz, así como de la encargada de Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Irma Carmina Cortez Hernández, a la cual se le asignó el número de expediente JDP/CE/01/2019.
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De igual manera valorarán si el servidor público denunciado, goza de inmunidad procesal y se encuentra previsto dentro de lo establecido por la Constitución.
En las consideraciones del dictamen se establece que el procedimiento de desafuero en el caso de los servidores públicos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal, para que de ser el caso quede a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgado penalmente, en este sentido el Congreso decidirá si hay lugar o no a desaforar, pero no, el presidente del Congreso, Leopoldo Domínguez, señaló que al magistrado anteriormente se le siguió un juicio político, sin embargo se detuvo gracias al amparo que obtuvo por un Juez de Zapopan, Jalisco.
La aprobación del acuerdo queda para su publicación en la gaceta parlamentara y se turnará al Gran Jurado Sección Instructora.
