Ante lo que consideran como una serie de deficiencias del Gobierno municipal de Tonalá en la regularización de un predio de 38 hectáreas en la zona de Ciudad Aztlán y de la mala delimitación de otro en El Jagüey, habitantes de esa demarcación interpusieron un amparo en contra del presidente Sergio Chávez por la negativa a una audiencia y deberá de acudir a los juzgados el próximo 19 de septiembre.
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Adriana González, abogada de los afectados señaló que Chávez Dávalos después de la elección del primero de julio pasado, no les ha dado respuesta a sus peticiones, hasta por escrito, de una audiencia para ver qué sucede en estos dos temas ya que se había comprometido a darles todo el apoyo para regularizarse de forma legal y en el primero de los casos el dueño del predio no ha dado autorización para que se emitan los títulos de propiedad a cerca de dos mil familias que ya lo habitan.
Esta situación la calificaron como irregular y una falta de respeto total, no sólo como equipo de abogados y representantes, sino a los ciudadanos en general, esta semana todos los presidentes municipales dan su informe y en donde está por demás decir que siempre está todo bien en los ayuntamientos y desgraciadamente lo que se ve no es la realidad”.
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Prueba de lo anterior es la denuncia hecha sobre deficiencias en la regularización de un predio de 38 hectáreas en donde se asientan alrededor de dos mil inmuebles, mismas que denunciaron antes de la elección del pasado 1 de julio.
El presidente municipal en ese momento dijo que daría todas las facilidades técnicas y administrativas para poder concluir satisfactoriamente este procedimiento, pero “después del primero de julio se cerró totalmente la puerta a este proceso de regularización y no sabemos si fue por el resultado electoral o algún otro tipo de situación entre terceros”.
Detalló que hicieron varias llamadas para hacer citas y hasta acudieron a la presidencia municipal pero nunca se les atendió, por lo que solicitaron por escrito una cita con el presidente municipal y poder continuar con los trabajos de regularización del predio y no hay respuesta oficial, ya que se afectan a dos mil familias a las que se les quieren cobrar 12 mil pesos a cada uno por ese tipo de regularización.
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Lo más complicado es que “el propietario de ese predio no autorizó en ningún momento la emisión de títulos de propiedad que el Ayuntamiento ha emitido y cobrado de manera excesiva porque van desde los ocho mil hasta los 12 mil pesos un título de propiedad que puede ser susceptible a la nulidad en caso de que haya sido emitido de manera irregular y que el propietario lo desconozca”.
Advirtió que si ya se emitieron algunos títulos los combatirán y presentarán los juicios de nulidad de todos porque consideran que son irregulares y no tienen el aval de todos los involucrados, ya que el municipio no tiene en su Ley de Ingreso algún apartado en donde se hable de la expedición de títulos de propiedad.
Es por eso que acudieron a los tribunales y el 19 de septiembre el alcalde tonalteca deberá presentarse en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo para informar de manera justificada las causas por las que se niega a dar respuesta a esta petición de audiencia, en caso contrario podría ser sancionado por el juez.
