Ya cesaron los operativos en Puerto Vallarta contra el transporte público y después de dos días de tensión, bloqueos y protestas, quedó todo en casi 200 vehículos del transporte sancionados.
En ese lapso, fueron 189 automotores entre sancionados, recogidos con grúa y confinados a corralones, esto sólo en los puntos de revisión que instaló la Policía Vial, más los sancionados en circulación.
Se contempla a unidades de las diversas modalidades de transporte público y cuyo objetivo es, entre otros, recuperar la rectoría del Estado en esta materia, pero principalmente la seguridad de los usuarios.
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Por no contar con autorización, se detuvo en principio a 22 vehículos particulares en la modalidad servicio de transporte de pasajeros de plataformas.
Fueron 64 taxis convencionales revisados, de los que se desprendieron 30 folios por diversas irregularidades y dos carros retenidos.
En tanto que en materia de camiones de transporte colectivo se levantaron 114 folios por no portar cinturón de seguridad, circular con vidrios polarizados o falta de verificación, además se les aseguraron documentos como licencias, tarjetas de circulación y placas por diversas anomalías.
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Se dijo que el objetivo principal de estas revisiones es la seguridad de usuarios del transporte colectivo, taxis “piratas” o plataformas irregulares, ya que al carecer de un registro no es posible actuar en caso de algún accidente o delito. Hace unos días el gobernador Enrique Alfaro aseguró que se pondría orden en el puerto y no habría Uber ni de cualquier tipo de vehículo de plataforma. Se insistió en que el Ejecutivo estatal sí está a favor de las tecnologías aplicadas al transporte público, siempre y cuando éstas se ejerzan dentro del marco de la legalidad.
De hecho se insistió por parte de la autoridad que en el caso de los vehículos detenidos por prestar el servicio a través de plataformas, es preciso aclarar que además de no contar con el registro ante la Secretaría de Transporte, no pueden comprobar que están al corriente del pago de sus contribuciones, no exhiben sus contratos de adhesión a determinada plataforma, en tanto que las empresas no han presentado la lista de sus asociados.
