Con un llamado a los diputados para que atiendan las demandas de las comunidades wixárikas de Tuxpan y San Sebastián Teponahuaxtlán que con sentencias a su favor que pelearon en tribunales, no les han restituido sus tierras, rindió su Primer Informe de Actividades Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ante el Pleno del Congreso del Estado, lo que calificó como “un acto histórico”.
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Adelantó que en un par de semanas rendirá un informe detallado de la crisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que arrojó graves deficiencias, falta de coordinación; irresponsabilidad, entre los que atendían “el dolor más profundo de nuestra sociedad, el sufrimiento de madres, de personas desaparecidas”.
Ya se retiró el personal que se tenía en el IJCF y realiza el trabajo de argumentación sobre los hallazgos. “La cantidad de personas fallecidas a aumentado y esto implica para el IJCF un reto permanente”.
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La muerte de "Panchito" ayudó a cambiar la defensa CEDHJ
Estuvieron presentes en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado Silvia Quezada y Francisco Álvarez, padres del joven estudiante de 17 años de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, Francisco Álvarez Quezada, asesinado por robarle un celular en agosto del 2017, motivó a cambiar la forma tradicional de la defensa de los Derechos Humanos, “ya no detrás de un escritorio, cafés, restaurantes”, sino acompañar a las víctimas “como la que implico la pérdida de la vida de Panchito”, dijo Hernández Barrón,
Presumió la austeridad y baja en sueldos que permitió ahorros de dos millones y medio de pesos, se encuentran en el “primer piso”, por eso pidió a los diputados a reconsiderar.
Conoce más...
- 7 mil 922 quejas
-Mil 100 medidas cautelares
-10 mil orientaciones jurídicas
-10 mil migrantes centroamericanos atendidos
-Fiscalía Estatal encabeza quejas mil 420 /20 recomendaciones
-IJCF y Secretaría de Educación siguen en quejas.
-7 mil 281 expedientes de quejas ciudadanas
- 21.5 millones de pesos entregados por reparación daño a víctimas.
-241 personas sancionadas que integran la función pública.
