Porque se han encontrado algunas inconsistencias, tras hablar con trabajadores al servicio del estado, la diputada local de Morena, María Padilla Romo, impulsará un punto de acuerdo a fin de solicitar a la Contraloría de Jalisco audite el programa de arrendamiento de inmuebles del Ipejal.
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En rueda de prensa, la legisladora explicó que este programa se creó a fin de apoyar a trabajadores que necesiten una vivienda, sin embargo, de los mismos ha escuchado algunas inconformidades por la forma en que opera, por lo cual es que solicitará mencionada auditoría especial.
“Nadie conoce la lista de prelación, es decir, si bien todos tienen derecho a anotarse para ser acreedores a una renta de estas propiedades del Instituto de Pensiones, lo cierto es que no existe esa lista públicamente. Otra cuestión es que en estos espacios se están subarrendando, lo cual está prohibido”.
Además de estos puntos, en el acuerdo pide se contemple en la auditoría el porqué hay un 25% de cartera vencida en el programa, cuando la disminución de la renta de viviendas se reduce del salario del trabajador; investigue los motivos por los que se gastan 13 millones de pesos al año en nómina para la reestructuración y mantenimiento de estos espacios; y que verifique por qué las viviendas no están restauradas.
Tarifas fijas en Registro Público de la Propiedad
También, la morenista detalló que impulsará reformas a la Ley de Ingresos de Jalisco a fin de establecer un cobro estándar en el Registro Público de la Propiedad, ya que el artículo 16 establece una contribución estatal para registrar las propiedades, construcciones o contratos ante las oficinas del registro público, con tarifas que van desde los 194 pesos hasta los 74 mil pesos, de una forma desproporcionada que solo hacen ver este cobro como un fin recaudatorio más.
"Podrían decirnos que estas viviendas tienen un objetivo de proporcionalidad, es decir, hacen que paguen más a quienes más tienen. Algo que estaríamos de acuerdo de no ser porque se trata de un pago de un servicio, es decir, los pagos del servicio tienen que ser una cuota fija, y porque su regla de proporcionalidad se encuentra totalmente equivocada".
Señaló que la regla de proporcionalidad tributaria en este cobro no se guía bajo ninguna lógica, ya que para inscribir una finca que vale 980 mil pesos se deben pagar 448 pesos, sin embargo, para una propiedad de poco más del millón de pesos la persona tiene que erogar 5 mil 400 pesos, y así va en incremento hasta llegar a los 74 mil pesos de acuerdo al valor del inmueble.
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