/ lunes 6 de septiembre de 2021

Basificaciones ilegales en Tonalá

De cinco millones de pesos mensuales, aproximadamente, sería la afectación al erario municipal

De cinco millones de pesos mensuales, aproximadamente, sería la afectación al erario municipal de Tonalá, ocasionado por las basificaciones y cambios de categoría de personal otorgadas por la actual administración municipal que encabeza Juan Antonio González Mora y cuyo proceso está plagado de irregularidades legales al no cumplir con los requisitos de las leyes y reglamentos de la materia.

Se trata de 174 bases en pocas plazas que ya existían y la mayoría de reciente creación; ello, como establece el artículo 6 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, podría implicar sanciones administrativas y hasta penales para quienes perpetraron las basificaciones con el avieso propósito de favorecer a determinados funcionarios públicos. Además, es evidente la violación al artículo 12 de la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco y sus Municipios, entre otros ordenamientos.


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Por si fuera poco, la convocatoria para concretar las basificaciones y cambios de categoría del personal surge de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, cuyo reglamento no fue publicado en la Gaceta Municipal ni se depositó en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, requisito indispensable para que dicho ordenamiento surta efectos legales, afirmó la licenciada Maricela Cerda Ortiz: “los actos de la Comisión no tienen vida jurídica alguna”

Cerda Ortiz, quien interpuso un amparo en contra de la actuación de la autoridad municipal, por este hecho, explicó: “en el juzgado de distrito, cuando yo presento el juicio de garantías, los requieren (a la autoridad municipal) para que presenten la información de cuando quedó debidamente instalada la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón y no han dado esa información ¿por qué? Porque no puede instalarse una comisión sin un reglamento que faculte para eso”.

La convocatoria para llevar a cabo las basificaciones, emitida el 02 de febrero del año en curso, está dirigida Servidores Públicos vigentes, lo que contraviene el artículo 3 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que cataloga a estos servidores como de confianza.

El artículo 7 de la multicitada Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que los servidores públicos por tiempo determinado, en el caso de los municipios, cuya naturaleza de sus funciones sean de base y que estén en servicio por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo, siempre y cuando exista la plaza laboral.

Al respecto, Cerda Ortiz mostró documentos que demuestran el otorgamiento de basificaciones a personas que ingresaron a laborar en enero y febrero del año en curso y de una serie de simulaciones y cambios de adscripción para pasar a personas que estaban laborando como servidores de confianza a una plaza de base de las “más jugosas” económicamente.

De cinco millones de pesos mensuales, aproximadamente, sería la afectación al erario municipal de Tonalá, ocasionado por las basificaciones y cambios de categoría de personal otorgadas por la actual administración municipal que encabeza Juan Antonio González Mora y cuyo proceso está plagado de irregularidades legales al no cumplir con los requisitos de las leyes y reglamentos de la materia.

Se trata de 174 bases en pocas plazas que ya existían y la mayoría de reciente creación; ello, como establece el artículo 6 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, podría implicar sanciones administrativas y hasta penales para quienes perpetraron las basificaciones con el avieso propósito de favorecer a determinados funcionarios públicos. Además, es evidente la violación al artículo 12 de la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco y sus Municipios, entre otros ordenamientos.


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Cerda Ortiz, quien interpuso un amparo en contra de la actuación de la autoridad municipal, por este hecho, explicó: “en el juzgado de distrito, cuando yo presento el juicio de garantías, los requieren (a la autoridad municipal) para que presenten la información de cuando quedó debidamente instalada la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón y no han dado esa información ¿por qué? Porque no puede instalarse una comisión sin un reglamento que faculte para eso”.

La convocatoria para llevar a cabo las basificaciones, emitida el 02 de febrero del año en curso, está dirigida Servidores Públicos vigentes, lo que contraviene el artículo 3 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que cataloga a estos servidores como de confianza.

El artículo 7 de la multicitada Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que los servidores públicos por tiempo determinado, en el caso de los municipios, cuya naturaleza de sus funciones sean de base y que estén en servicio por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo, siempre y cuando exista la plaza laboral.

Al respecto, Cerda Ortiz mostró documentos que demuestran el otorgamiento de basificaciones a personas que ingresaron a laborar en enero y febrero del año en curso y de una serie de simulaciones y cambios de adscripción para pasar a personas que estaban laborando como servidores de confianza a una plaza de base de las “más jugosas” económicamente.

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