Buena disposición de las autoridades constitucionales de Mezquitic para poder atender el mandato de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los recursos que se le deberán de entregar a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán tal como lo marca la Constitución y para lo cual se instaló la mesa de diálogo que coordina el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
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El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, detalló que encontraron buena disposición de las autoridades del municipio para continuar con el proceso de consulta para entregar los recursos, el cual estaba suspendido porque el presidente municipal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recursos de inconstitucionalidad porque según se violaba su autonomía municipal, el cual fue desechado.
Las mesas de consulta “van prosperando, fijamos ya un parámetro para decidir de qué manera vamos a distribuir los recursos en el municipio, las autoridades expresaron algunas dudas sobre la responsabilidad que tiene que ver con la transmisión de estos recursos, si ellos siguen siendo avales de esa responsabilidad o ya no”, es decir si tiene que rendir informes de cómo se invierte el dinero por la comunidad Wirárika.
Para este ejercicio fue personal de Auditoría Superior del Estado, de la Hacienda Pública, quienes aclararon todas las dudas técnicas y las responsabilidades que implican la administración de una parte de los recursos, los cuales aún no se determinan a cuánto van a ascender.
“Me parece que las bases para que se dé el acuerdo ya están puestas, nos hace falta datos de la población con lo que estaremos construyendo ya una primera propuesta de acuerdo, esto estaría en cuanto nos resuelvan las instancias encargadas de llevar a cabo los censos y padrones, estaríamos convocando nuevamente y fijaríamos los montos”, señaló Alcaraz Cross.
Uno de los principales pretextos para no entregar estos recursos es qué tipo de responsabilidad tendría al Ayuntamiento para justificar y comprobar la correcta aplicación del dinero y “el Ayuntamiento está preocupado porque cuando los recibe, también adquiere responsabilidad ante la Auditoría, ante lo que se les aclaró que una vez que la comunidad indígena reciba los recursos y el gasto, también serían fiscalizados”, lo cual destrabó este proceso. En unas semanas estará listo el proyecto y con ello terminar con este conflicto.
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