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Fiscalía incauta las Villas Panamericanas

  • Víctor Manuel Chávez Ogazón
  • en Local

La Fiscalía General de Jalisco incautó el edificio de las Villas Panamericanas, abandonado hace meses por el Gobierno del estado en su mantenimiento, y se presume el inicio de una acción legal contra los desarrolladores del proyecto y exfuncionarios del gobierno de Emilio González Márquez. Los abogados defensores se quejaron de lo que consideran en realidad fue un cateo, sin orden de autoridad judicial, y anunciaron acciones legales.

Es un aseguramiento de 48 horas, lo que duran las diligencias al interior, pero que implicará aviso catastral para que no sea enajenado.

Se asegura que se presentaron llevando ya consigo incluso a peritos valuadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Esto es dentro de la averiguación previa  37/2015 que se integra en la agencia de Abusos de Autoridad en la Fiscalía General del Estado a cargo de la agente del Ministerio Público, Claudia María Cortés Flores.

En exclusiva para EL OCCIDENTAL habló el abogado Carlos Rodríguez Quevedo, representante legal de los desarrolladores, quien aseguró que la diligencia fue ordenada por la fiscal el viernes en la tarde, que nunca los enteraron ni les permitieron participar y terminó siendo más que un aseguramiento, un ilegal cateo.

UN CAPITAL EN RIESGO

Hay que recordar que después de varios fallidos intentos, tanto en el parque Morelos y la ceja de la barranca de Huentitán, donde se hicieron millonarias inversiones por parte del Gobierno del estado y el propio Ayuntamiento de Guadalajara, se decidió que las Villas Panamericanas para los Juegos Panamericanos del 2011 se construyeran en la zona del Bajío, a espaldas del Omnilife, dentro de una zona de recarga y también muy próximas a la franja de amortiguamiento del parque la Primavera.

Fueron 690 millones de pesos del Iprovipe y 340 millones de pesos del Fondo de Pensiones, los que en suma conformaron los más de mil millones de pesos que el Gobierno de Jalisco aportó a la obra donde los desarrolladores pusieron los otros 200 millones de pesos para su culminación.

El edificio alojó a 8 mil 753 atletas durante los casi 30 días que duraron los juegos Panamericanos, pero fue en las primeras 48 horas cuando se puso a prueba y fracasó. Colapsó el sistema de drenaje, la planta de tratamiento se llenó y las aguas negras comenzaron a derramarse, con riesgo a llegar a los mantos freáticos.

Desde entonces la autoridad determinó que no podía utilizarse para vivienda ni para oficinas; inició el debate sobre su destino y luego en forma sorpresiva se retiró el mantenimiento que tenía un costo de un millón de pesos mensuales.

Los matorrales crecieron y sorpresivamente hace unas semanas, vía los desarrolladores, fueron asignados policías privados a cuidar de nueva cuenta los accesos al polígono panamericano.

¿ASEGURAMIENTO O CATEO?

Después de una maniobra, donde se asegura que los abogados defensores fueron excluidos, tanto de la convocatoria a la diligencia como de ésta, a las 08:40 horas se procedió a la realización de la misma.

El abogado Carlos Rodríguez Quevedo narra que arribaron a las puertas y pidieron se les permitiera el acceso, pero los policías privados le solicitaron mostraran la orden emitida por la autoridad judicial.

La fiscal insistió en que si no se les daba el acceso estarían incurriendo en desacato y amenazó con detenerlos. Su personal cortó las cadenas y forzó los candados para entrar a las instalaciones olímpicas.

El abogado representante de los desarrolladores, Carlos Rodríguez Quevedo, explica: “Pareciera que la denuncia tiene más fines políticos que jurídicos, se señala a varios exservidores públicos de la anterior administración estatal como probables responsables del ilícito en el manejo del patrimonio, específicamente del Iprovipe. Como denunciados aparecen esos exservidores públicos y coyunturalmente los desarrolladores de la Villa Panamericana”.

Indicó que la diligencia tenía como objetivo el aseguramiento del inmueble, pero llevaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar la evaluación del inmueble. “A continuación cortaron los candados y entraron, no sin antes amenazarlos de que se los llevarían detenidos, quiero hacer hincapié que la actuación del Ministerio Público es violatoria de las garantías a que todo procesado tiene derecho, porque llegamos antes del inicio de esta diligencia y le pedimos que se nos permitiera el acceso al acuerdo que se había puesto para la realización de la diligencia y no se nos permitió, salvo que nos notificáramos previamente, y luego nos enteráramos de su contenido, lo que es un absurdo; cómo vamos a notificarnos de algo que desconocemos”, denunció el abogado.

Lo realizado, dijo además, es violatorio de todas las garantías de defensa: “Lo que están realizando no es un aseguramiento propiamente; esto es un cateo en la propiedad de los desarrolladores y el cateo, por mandamiento constitucional, sólo puede practicarlo el Ministerio Público cuando le hace la solicitud al juez de lo penal para que lo practique y una vez que le presta la autorización, pueda practicarlo. No es una diligencia ordinaria”.

HORA POR HORA, EL ASEGURAMIENTO

Viernes 4 agosto:

14:30 horas. Los abogados defensores tienen por primera ocasión acceso a la averiguación previa 15/2017.

15:00 horas. En ausencia de los litigantes, la agente del Ministerio Público anexa una orden de aseguramiento del inmueble Villas Panamericanas para el lunes a primera hora.

Lunes 7 agosto:

08:40 horas. Sorpresivamente personal de la Fiscalía de Jalisco se hace presente para la diligencia.

09:00 horas. Después de amenazar a policías privados, de desacato, una fiscal irrumpe junto con policías al edificio e inicia lo que más bien pareció un cateo.

09:05 horas. Abogados defensores, que incluso arribaron antes de que empezara la diligencia, son excluidos del desarrollo de la misma.

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