/ jueves 5 de marzo de 2020

Asegura el GAP que ampliará el Aeropuerto de Guadalajara

Miguel Alejandro Solís Rosales, gerente jurídico contencioso y vocero del Grupo Aeroportuario del Pacífico advierte de un posible sabotaje como el que sufrió Santa Lucía

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), afirmó que los ejidatarios recibieron el pago por los terrenos donde pretenden ampliar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aunque advirtió un sabotaje, como sucedió con el Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México.

“Al igual que en Santa Lucía, desafortunadamente creemos que viene una sabotaje jurídico por esa simple y sencilla razón. Hemos monitoreado la página del Poder Judicial y nos hemos percatado que el ejido ha presentado al menos 14 amparos buscando la suspensión de las obras y si eso no es un sabotaje, no sé qué sea”, dijo Miguel Alejandro Solís Rosales, gerente jurídico contencioso y vocero del GAP en ese tema.

En rueda de prensa, aseguró que “no existe ningún impedimento para la implementación del proyecto”, que en febrero pasado se presentó por parte del GAP a autoridades estatales y federales, donde anunciaron para Guadalajara una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

Fundamentándose en una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, expuso que las 306 hectáreas ejidales son propiedad de la nación y no se requiere de los terrenos de El Zapote para la segunda pista.

“Ya no es posible restituir al ejido quejoso en la propiedad y posesión de la superficie expropiada por la existencia del Aeropuerto, y por lo tanto, las cosas ya no pueden volver al estado en que se encontraban”.

Señaló que existe solo un litigio y esta relacionado con daños y perjuicios, pero no tiene que ver con el decreto de expropiación.

En cuanto a las pérdidas económicas durante el tiempo que el Ejido El Zapote mantuvo “tomado” el estacionamiento, dijo que por “sigilo” y porque la investigación se lleva a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado, ahora no pueden revelar a cuánto ascienden. “Se están acumulando más cosas, no solamente el daño al estacionamiento. Hay afectaciones en las obras, que al detener, nosotros tenemos que pagar al contratista y él a su vez a los trabajadores, aunque no hagan nada”.



El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), afirmó que los ejidatarios recibieron el pago por los terrenos donde pretenden ampliar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aunque advirtió un sabotaje, como sucedió con el Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México.

“Al igual que en Santa Lucía, desafortunadamente creemos que viene una sabotaje jurídico por esa simple y sencilla razón. Hemos monitoreado la página del Poder Judicial y nos hemos percatado que el ejido ha presentado al menos 14 amparos buscando la suspensión de las obras y si eso no es un sabotaje, no sé qué sea”, dijo Miguel Alejandro Solís Rosales, gerente jurídico contencioso y vocero del GAP en ese tema.

En rueda de prensa, aseguró que “no existe ningún impedimento para la implementación del proyecto”, que en febrero pasado se presentó por parte del GAP a autoridades estatales y federales, donde anunciaron para Guadalajara una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

Fundamentándose en una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, expuso que las 306 hectáreas ejidales son propiedad de la nación y no se requiere de los terrenos de El Zapote para la segunda pista.

“Ya no es posible restituir al ejido quejoso en la propiedad y posesión de la superficie expropiada por la existencia del Aeropuerto, y por lo tanto, las cosas ya no pueden volver al estado en que se encontraban”.

Señaló que existe solo un litigio y esta relacionado con daños y perjuicios, pero no tiene que ver con el decreto de expropiación.

En cuanto a las pérdidas económicas durante el tiempo que el Ejido El Zapote mantuvo “tomado” el estacionamiento, dijo que por “sigilo” y porque la investigación se lleva a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado, ahora no pueden revelar a cuánto ascienden. “Se están acumulando más cosas, no solamente el daño al estacionamiento. Hay afectaciones en las obras, que al detener, nosotros tenemos que pagar al contratista y él a su vez a los trabajadores, aunque no hagan nada”.



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