/ miércoles 6 de noviembre de 2019

Los posibles riesgos de la red 5G, señalan analistas

Dichos atentados han representado una pérdida por 7 mil 700 millones de dólares

México es el tercer país en el mundo y el primero en Latinoamérica en recibir el mayor número de ciberataques, pero a la fecha carece de una política pública en la materia. Dichos atentados han representado una pérdida por 7 mil 700 millones de dólares; no obstante, no existen leyes que permitan mejorar el blindaje de la información de los usuarios de Internet en nuestro país.

Información que aborda este tema puede encontrarse en el estudio titulado “Confrontación Estados Unidos - China: de geopolítica, tecnología y riesgos para nuestra región”. En él se afirma que distintos países han tomado medidas en contra de empresas tecnológicas chinas, entre ellas, Huawei, pues en a la fecha, es una de las empresas que más ha participado en la construcción de la red 5G.

Si bien, para muchos pudiera parecer que no existe conexión entre los ciberataques y Huawei, los Estados Unidos han culpado a esta empresa de realizar prácticas de espionaje, hecho que podría poner en riesgo la seguridad nacional de los países donde actualmente opera.

Se pretende que para el año 2020 comience a funcionar la red 5G en México, red que lidera Huawei, la misma compañía que ha sido acusada no solo de realizar espionaje a través de sus dispositivos, sino también de mantener vínculos sospechosos con el Partido Comunista de China y de haber crecido aceleradamente gracias al apoyo financiero de su propio país. Tales relaciones le han valido generar la alarma respecto a la red 5G, pues al menos entre el 40 y 60% del dominio de ésta, se encontrará a manos de empresas chinas, entre ellas, Huawei.

En dicho estudio se previene a México de tomar tres medidas al respecto: 1. Que el tema de ciberseguridad sea una política de estado; 2. Atender al artículo 6º constitucional, pues en él se establece la prohibición de injerencias arbitrarias en la prestación de servicios de telecomunicaciones; y 3. Definir las tareas necesarias que deban implementarse respecto a la ciberseguridad y las autoridades competentes en la materia. Habrá que esperar si México reaccionará ante las sospechas que pesan sobre esta compañía.

México es el tercer país en el mundo y el primero en Latinoamérica en recibir el mayor número de ciberataques, pero a la fecha carece de una política pública en la materia. Dichos atentados han representado una pérdida por 7 mil 700 millones de dólares; no obstante, no existen leyes que permitan mejorar el blindaje de la información de los usuarios de Internet en nuestro país.

Información que aborda este tema puede encontrarse en el estudio titulado “Confrontación Estados Unidos - China: de geopolítica, tecnología y riesgos para nuestra región”. En él se afirma que distintos países han tomado medidas en contra de empresas tecnológicas chinas, entre ellas, Huawei, pues en a la fecha, es una de las empresas que más ha participado en la construcción de la red 5G.

Si bien, para muchos pudiera parecer que no existe conexión entre los ciberataques y Huawei, los Estados Unidos han culpado a esta empresa de realizar prácticas de espionaje, hecho que podría poner en riesgo la seguridad nacional de los países donde actualmente opera.

Se pretende que para el año 2020 comience a funcionar la red 5G en México, red que lidera Huawei, la misma compañía que ha sido acusada no solo de realizar espionaje a través de sus dispositivos, sino también de mantener vínculos sospechosos con el Partido Comunista de China y de haber crecido aceleradamente gracias al apoyo financiero de su propio país. Tales relaciones le han valido generar la alarma respecto a la red 5G, pues al menos entre el 40 y 60% del dominio de ésta, se encontrará a manos de empresas chinas, entre ellas, Huawei.

En dicho estudio se previene a México de tomar tres medidas al respecto: 1. Que el tema de ciberseguridad sea una política de estado; 2. Atender al artículo 6º constitucional, pues en él se establece la prohibición de injerencias arbitrarias en la prestación de servicios de telecomunicaciones; y 3. Definir las tareas necesarias que deban implementarse respecto a la ciberseguridad y las autoridades competentes en la materia. Habrá que esperar si México reaccionará ante las sospechas que pesan sobre esta compañía.

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