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Diputada por Jalisco pide juicio político contra juez Anuar González

La diputada federal por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, manifestó en la tribuna de San Lázaro la enérgica desaprobación de su partido a la actuación del juez Anuar González Hemadi, quien emitió un amparo a favor de Diego Cruz Alonso, joven que participó en el sonado caso de abuso sexual grupal en contra de una menor el 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz.

La diputada hizo énfasis en que transcurrió un año para que se dictara orden de aprehensión contra los cuatro violentadores de mujeres también conocidos como “Los Porkys”, que fueron encubiertos por las autoridades mexicanas y que fueron las autoridades de Madrid, España, las que extraditaron al mencionado Cruz Alonso para que enfrentara la justicia por sus actos.

Después de la lentitud para la aplicación de justicia, el Juez Anuar González Hemadi Tercero de Distrito del estado de Veracruz, emitió un amparo a favor de Diego para dejarlo en libertad, hecho que denuncia Ochoa Ávalos, revictimiza a la joven, violentando de este modo la Ley general de Víctimas.

La legisladora señaló que en este caso emblemático, el amparo no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial del país, contra las convenciones internacionales que ha suscrito México (como la “Convención de Belem do Pará”) y contra todas las mujeres mexicanas; puesto que expone la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia.

“Interpusimos también un juicio político al Juez Anuar González Hemadi, quien demuestra que no es un servidor público. En base en la Ley Federal de los Servidores Públicos y en la Constitución Política, porque prefirió ignorar su función social de juzgador, favoreciendo conductas criminales y pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos, violentó bienes jurídicos y minó la confianza en las instituciones de impartición de justicia” destacó la diputada.

Recalcó que el Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia del amparo 159/2017-IV y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos.