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Obispo de Cuernavaca: ¿más impunidad en materia de Estado laico?

  • Editorial

 

Armando Maya Castro

Esta semana la principiamos con la llegada de  la primavera, la estación más alegre y bonita de todas, la cual llegó acompañada de la celebración del aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, el más grande estadista mexicano, quien contó con la colaboración de un importante número de liberales extraordinarios, a cuyo aporte debemos, entre otras cosas, las Leyes de Reforma.

Estas leyes, cuyo objetivo principal era separar a la Iglesia católica del Estado, fueron expedidas por Benito Juárez en la ciudad de Veracruz, entre 1859 y 1860. Su promulgación al término de la Guerra de Reforma, fue un duro golpe para la Iglesia católica, y representó el debilitamiento político y económico de esta institución, la más rica y poderosa de todas las que existían en ese tiempo.

Al inicio de la semana que hoy culmina, fuimos también testigos de la continuación del enfrentamiento mediático entre Graco Ramírez Garrido, gobernador del estado de Morelos, y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien se ha declarado “víctima de la persecución del gobernador morelense debido a mi participación en movimientos de protesta: me ha echado encima a la prensa que, en Morelos, está comprada por él; me ha hecho acusaciones ignominiosas, pero todo esto no importa porque no voy a dejar de señalar lo que está bien y lo que está mal”, advierte el alto dignatario católico.

Por su parte, Graco Ramírez hizo un llamado a la nunciatura apostólica en México, a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y, principalmente, a la Secretaría de Gobernación, para que “sujeten al orden” al obispo cuernavacense, quien “se ha convertido en un actor político y miente constantemente para obtener reflectores”, declaró Matías Quiroz, secretario de gobierno del estado de Morelos.

El respaldo al obispo, de parte de la Provincia Eclesiástica de México en su conjunto, no se hizo esperar. A través de una carta firmada por el cardenal Norberto Rivera Carrera y otros obispos, expresa al obispo Castro Castro “su comunión solidaria”, en lugar de llamarlo a ceñirse al artículo 130 constitucional, el cual dispone que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.

Corresponde a la Secretaría de Gobernación determinar si el prelado violentó el ordenamiento jurídico antes mencionado al participar en la reunión celebrada el jueves 16 de marzo en la catedral de Cuernavaca, en la que según varios medios de comunicación se formó el frente “antigraco”, con el propósito de “diseñar una estrategia contra el gobierno de la entidad, encabezado por el perredista Graco Ramírez Garrido”, señala una nota de Rodrigo Vera, publicada en el portal web del semanario Proceso.

Eduardo Cubría Bernardi, delegado de la Segob en Morelos, señaló que esta instancia federal analiza la demanda presentada por el PRD, “para saber el alcance y consecuencia correspondiente”. Agregó que el obispo debe sujetarse a “la particular interpretación que tiene la ley”, por lo que deberá atenerse a las sanciones “a que haya lugar”. No hay que perder de vista que la Secretaría de Gobernación es la responsable de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”.

Concluyo mi columna lamentando que, a casi 160 años de la promulgación de las primeras Leyes de Reforma, estemos ante una serie de atropellos a los principios de laicidad y separación del Estado y las Iglesias, algo que, de un tiempo a la fecha, se ha convertido en México en el pan nuestro de cada día.

Twitter: @armayacastro