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  • Editorial

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Las autoridades municipales calculan en casi la mitad de las 2,500 viviendas mínimas que han sido abandonadas por sus originales propietarios y, quien debería de dar la cara, simplemente sigue patrocinando al fantasma de la vivienda abandonada: El Infonavit.

 

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El fantasma de la

vivienda abandonada

 

CARLOS M. OROZCO SANTILLAN *

 

Más allá del fenómeno de proliferación de micro-ciudades amuralladas que, en el Área Metropolitana de Guadalajara, han significado el 15% de la superficie urbana, el fenómeno de la exclusión de la clase trabajadora se inicia principalmente cuando la única tierra barata para ser susceptible de urbanización se encuentra alejada de los centros de trabajo, de estudio, de abasto y de recreación para representar una marginalidad que, en los casos más degradados, bien podríamos compararla con los antiguos ghettos racistas de principios de la Segunda Guerra Mundial o de algunas naciones que actualmente aún arrastran ese flagelo.

Tan grave resulta la exclusión hacia la periferia de los centros urbanos de ésta vivienda mínima y barata, a partir de las falsas expectativas, que desde hace varios años existe una asociación civil nacional que estudia el fenómeno, lo denuncia, pero poco puede hacer para contenerlo cuando el propio gobierno de la República lo promueve como un acto institucional pertinente, y nadie explica este fenómeno especulatorio al servicio de los gobiernos federales, principalmente desde el año 2000 en el que un grupo encabezado por la familia presidencial de Vicente Fox logró comprar miles de viviendas abandonadas para reconvertirlas, aparentando una buena causa, en un recurso benéfico para las clases marginadas del más antiguo de los sueños de todo ser humano: adquirir una vivienda decorosa donde albergar a los suyos.

Esa Asociación  Nacional de Vivienda Popular, ha calculado en millón y medio el número de viviendas populares abandonadas en el país, principalmente en tres entidades y en ese orden: el Estado de México, el Estado de Nuevo León y Jalisco. En este último caso con el agregado del esnobismo de los cotos que privatizan el espacio público y generan las consecuencias de exclusión que ya conocemos y una apariencia de exclusiva seguridad relativa.

De todos los casos que representan aproximadamente 300 mil casas abandonadas en el Estado de Jalisco, la corrupción que durante décadas prevaleció principalmente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, obligó al Congreso del Estado a la primera sanción a un presidente municipal –Guillermo Sánchez Magaña- suspendiendo sus derechos políticos luego de aprobar en su gestión decenas de minifraccionamientos sin la garantía de los servicios urbanos que requerían por los siguientes años como hoy se evidencia en uno de esos lamentables ejemplos de lo que nunca debió ser y menos con la complacencia de la autoridad municipal.

Hoy los últimos presidentes municipales de Tlajomulco, han tenido que convertirse en profesionales de la restauración urbana y, en el caso de Alberto Uribe, reconocer públicamente fraccionamientos tan degradados que la carencia de agua y la inseguridad, más allá de la recolección de la basura, se han convertido en el principal propósito de la presente administración.

De todos esos lamentables casos de corrupción municipal, el Fraccionamiento Los Silos pudiera representar el caso emblemático de la suma de todos los factores que degradan la calidad de vida de un modesto trabajador atrapado en un impagable pero cacareado crédito hipotecario y una vivienda mínima que sus propietarios llegan a ofrecer en préstamo para que no les sean vandalizadas o desmanteladas sus micropropiedades. En el caso del multicitado, periodísticamente fraccionamientos Los Silos, las autoridades municipales calculan en casi la mitad de las 2,500 viviendas mínimas que han sido abandonadas por sus originales propietarios y, quien debería de dar la cara, simplemente sigue patrocinando al fantasma de la vivienda abandonada: El Infonavit.

* Presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco

carlosm_orozco@hotmail.com