/ martes 25 de agosto de 2020

Violencia religiosa

El pasado sábado 22 de agosto fue el Día de Conmemoración de las Víctimas de actos de violencia basados en la religión y las creencias, una propuesta de celebración que lanzó Polonia en mayo de 2019, y que enseguida recibió el apoyo de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán.

En respuesta a esta interesante propuesta, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/73/296 para el establecimiento del día conmemorativo en referencia, el cual “condena enérgicamente la violencia y los actos de terrorismo dirigidos a individuos, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de una religión o creencia”.

Aunque la libertad de religión o de creencias está contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas y grupos intolerantes siguen practicando actos de discriminación que, como dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, “a menudo son de naturaleza criminal”.

En el marco de esta conmemoración, el titular de la ONU enumeró algunos de los ejemplos inquietantes de discriminación contra las minorías religiosas, como “ataques a personas y lugares religiosos, y crímenes de odio dirigidos a poblaciones debido a sus creencias”.

Entre los actos que refiere Guterres deben figurar los ataques a los templos de la Iglesia La Luz del Mundo en distintas ciudades y poblaciones de México desde el mes de junio de 2019. El más reciente de ellos ocurrió la madrugada del pasado 19 de agosto en la colonia Mariano Escobedo de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua.

En otro espacio de opinión expliqué que este lamentable ataque a la libertad de creencias incluyó “grafiteo” con leyendas ofensivas para los fieles de esta Iglesia que es ejemplo de inclusión y de respeto por las leyes. Señalé también que calificar como vandalismo esta agresión es restarle gravedad a la intolerancia religiosa.

El vandalismo es la “actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás”. Sin embargo, en las prácticas vandálicas no intervienen sentimientos antirreligiosos, como aquellos que mueven a la agresión a los intransigentes. Insisto: la intolerancia religiosa es mucho más grave que el vandalismo, pues revela a todas luces una actitud de odio por razones de creencias que nuestra legislación prohíbe terminantemente.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórico al respecto: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Entiendo que la claridad y contundencia de este ordenamiento jurídico no erradicará por sí sola la intolerancia religiosa, una forma de violencia que existe cuando se practica la discriminación en agravio de personas y grupos que profesan una religión distinta a la que practica la mayoría de la población.

Se requiere, aparte de la existencia de la ley, respeto a la misma por parte de la ciudadanía, así como una aplicación puntual de las leyes por parte de las autoridades de gobierno.

Las víctimas de violencia religiosa deben esperar la aplicación de la ley, nunca buscar soluciones a través de actos de violencia, similares a los que practican quienes actúan bajo el irracional impulso de la intolerancia por motivos de religión. Se trata de exigir justicia con respeto, sin ejercer violencia en el legítimo reclamo de nuestros derechos.

El sabio consejo del apóstol Pedro a la Iglesia universal es más que claro para quienes son víctimas de atropellos de naturaleza intolerante: “No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición” (1 Pedro 3:9).

Aplaudo al concluir mi columna la celebración del Día de Conmemoración de las Víctimas de actos de violencia basados en la religión y las creencias, y hago votos por el cese de la intolerancia religiosa, un mal que, a pesar de la lucha en su contra, se ha practicado lo mismo en países de mayoría católica que en naciones de mayoría musulmana.

La lucha debe continuar si queremos ponerle fin a este problema ancestral, el cual se empecina en detener el crecimiento de las minorías religiosas, a las que el fanatismo religioso considera indignas de existir, de crecer y de ser reconocidas como iguales ante la ley.

Twitter: @armayacastro

El pasado sábado 22 de agosto fue el Día de Conmemoración de las Víctimas de actos de violencia basados en la religión y las creencias, una propuesta de celebración que lanzó Polonia en mayo de 2019, y que enseguida recibió el apoyo de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán.

En respuesta a esta interesante propuesta, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/73/296 para el establecimiento del día conmemorativo en referencia, el cual “condena enérgicamente la violencia y los actos de terrorismo dirigidos a individuos, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de una religión o creencia”.

Aunque la libertad de religión o de creencias está contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas y grupos intolerantes siguen practicando actos de discriminación que, como dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, “a menudo son de naturaleza criminal”.

En el marco de esta conmemoración, el titular de la ONU enumeró algunos de los ejemplos inquietantes de discriminación contra las minorías religiosas, como “ataques a personas y lugares religiosos, y crímenes de odio dirigidos a poblaciones debido a sus creencias”.

Entre los actos que refiere Guterres deben figurar los ataques a los templos de la Iglesia La Luz del Mundo en distintas ciudades y poblaciones de México desde el mes de junio de 2019. El más reciente de ellos ocurrió la madrugada del pasado 19 de agosto en la colonia Mariano Escobedo de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua.

En otro espacio de opinión expliqué que este lamentable ataque a la libertad de creencias incluyó “grafiteo” con leyendas ofensivas para los fieles de esta Iglesia que es ejemplo de inclusión y de respeto por las leyes. Señalé también que calificar como vandalismo esta agresión es restarle gravedad a la intolerancia religiosa.

El vandalismo es la “actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás”. Sin embargo, en las prácticas vandálicas no intervienen sentimientos antirreligiosos, como aquellos que mueven a la agresión a los intransigentes. Insisto: la intolerancia religiosa es mucho más grave que el vandalismo, pues revela a todas luces una actitud de odio por razones de creencias que nuestra legislación prohíbe terminantemente.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórico al respecto: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Entiendo que la claridad y contundencia de este ordenamiento jurídico no erradicará por sí sola la intolerancia religiosa, una forma de violencia que existe cuando se practica la discriminación en agravio de personas y grupos que profesan una religión distinta a la que practica la mayoría de la población.

Se requiere, aparte de la existencia de la ley, respeto a la misma por parte de la ciudadanía, así como una aplicación puntual de las leyes por parte de las autoridades de gobierno.

Las víctimas de violencia religiosa deben esperar la aplicación de la ley, nunca buscar soluciones a través de actos de violencia, similares a los que practican quienes actúan bajo el irracional impulso de la intolerancia por motivos de religión. Se trata de exigir justicia con respeto, sin ejercer violencia en el legítimo reclamo de nuestros derechos.

El sabio consejo del apóstol Pedro a la Iglesia universal es más que claro para quienes son víctimas de atropellos de naturaleza intolerante: “No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición” (1 Pedro 3:9).

Aplaudo al concluir mi columna la celebración del Día de Conmemoración de las Víctimas de actos de violencia basados en la religión y las creencias, y hago votos por el cese de la intolerancia religiosa, un mal que, a pesar de la lucha en su contra, se ha practicado lo mismo en países de mayoría católica que en naciones de mayoría musulmana.

La lucha debe continuar si queremos ponerle fin a este problema ancestral, el cual se empecina en detener el crecimiento de las minorías religiosas, a las que el fanatismo religioso considera indignas de existir, de crecer y de ser reconocidas como iguales ante la ley.

Twitter: @armayacastro