Es extremadamente urgente que los gobiernos tanto Federal como el Estatal tomen cartas en el asunto tan grave de la delincuencia que se vive por todos los rincones de la patria.
Me parece que es urgente que los mexicanos tenemos el reto de exigir a nuestros gobernantes que de forma inmediata, lejos de estarse lamentando quién lo hizo bien o quién lo hizo mal y sólo estarse justificando, tanto el Congreso de la Unión, tomando en cuenta el alto índice de la delincuencia que no nos permite estar seguros ni en lo físico ni en lo material en ninguna parte, ya sea en la calle, en el trabajo, en la misma casa y a ninguna hora del día, si los bienes sujetos de robo o despojo pueden representar poco interés no puede desatenderse tan siquiera este rubro ya que el delincuente ha demostrado que para lograr su propósito no le importa quitarle la vida a un niño, joven, hombre o mujer, y es indudable que esa conducta se ha establecido dada la total impunidad que impera en todo el país y que hasta el momento ninguno de los poderes, sobre todos los que están por asumir sus cargos, han dicho que enfrentarán con todo el rigor del Estado a aquellos que hoy se han empoderado más que el propio gobierno disponiendo de vidas y haciendas desde luego al haber permeado a las instituciones, que han demostrado tener más miedo al hampa de todos los estratos.
Sin duda que es muy complicado el restituir a las autoridades la credibilidad, lealtad, honestidad, el deseo de servir, así les cueste la vida, que en su sacrificio un día se beneficiará a su familia, de ahí que se deben establecer códigos de honor y de honestidad que obligue legal y moralmente al servidor público ya sea al burócrata o al que vaya al frente del combate a la delincuencia y se establezca en la legislación las penas más altas al servidor público que falte a la verdad y desde luego a la honestidad, que atendiendo a la gravedad de la conducta que pueda considerarse alta traición a la patria, bien imponiéndose la cadena perpetua o restableciéndose la pena de muerte.
Establecer en la legislación penal procedimientos más ágiles, breves y seguros, que como funcionarios cabales e instituciones forenses oportunamente y suficientemente dotadas de personal y equipo que den la máxima certeza en la procuración y la administración de la justicia y desde luego, en el caso del homicidio intencional doloso, hasta la cadena perpetua o la pena de muerte en aquellos casos de cuerpos desmembrados o inhumados clandestinamente y al ladrón con penas imprescriptibles tanto de reparación del daño como penas corporales irreductibles, dándose a todo esto una difusión permanente por todos los medios de comunicación y facilitando al denunciante todos los instrumentos de seguridad para él y los suyos, que inhiban el encubrimiento y la asociación delictuosa tan común en nuestros días, como lo es entre otros, el narcomenudeo.
locb15@hotmail.com i
