Es lamentable ver, cómo los candidatos a diputados, tanto locales como federales, hablan y hablan realmente sin conciencia, sin el más elemental sentido de responsabilidad de lo que significa ser representante popular. La anterior expresión la sostengo, porque entre tantas responsabilidades que tienen al desempeñar su función, está, la de autorizar el gasto público en dependencias como el Poder Judicial.
Me voy a referir de manera muy particular al poder judicial jalisciense, en el cual, la corrupción está desbordada, tanto por recibir dádivas para hacer lo indebido; o bien, por no hacer lo debido, con la complacencia de un Consejo de la Judicatura, permisible e igualmente corrupto, salvo dos muy honrosas excepciones.
Cierto es que, el señalamiento al que me refiero no es novedad y tampoco lo es, la carencia de conocimiento jurídico y la carencia del recurso material, pues es una constante ver, situados en el nuevo sistema penal, cómo ese mentado consejo no está al pendiente de lo que allá se realiza, de lo que allá está sucediendo, de ahí que la corrupción no sea un tema de su interés, lo que desde luego afecta severamente, tanto a las víctimas como a los profesionales del derecho, quienes al acudir, acudimos sólo a perder el tiempo, porque se volvió común, padecer la irresponsabilidad en que incurren todos los días, los servidores públicos encargados de agendar cierta número de audiencias, las cuales, dada la desorganización del personal, aunado a su incapacidad humana y de logística, no permiten desahogarlas todas en el mismo día, pues si algo tenemos claro es que, cada audiencia tiene tiempos indefinidos y también es bien sabido que, no se cuenta con la cantidad de salas suficientes para desahogar todas las audiencias programadas para desahogarse en un mismo día.
Se afecta severamente a las víctimas, cuando se les cita para audiencia y no se desahoga, pues en su gran mayoría, tienen que pedir permiso; o bien, ausentarse de su trabajo, deben solventar el gasto para transportarse, lo que desde luego merma su economía y a nosotros, los litigantes, además de perder el tiempo, debemos recibir el reclamo de cada cliente, cuando se posterga , inclusive por varios meses, una nueva fecha para audiencia, todo lo anterior se traduce en justicia denegada.
Cierto es que, se está haciendo un esfuerzo en conseguir recursos dentro del marco legal y estar en condiciones de construir otras salas; sin embargo, ello no justifica, la infame irresponsabilidad de los legisladores, al no otorgar los recursos económicos suficientes a esa institución, ya que lo único que nos puede hacer vivir e una condición más decorosa son los órganos de justicia.
Afortunadamente para nosotros, las campañas electorales ya se terminaron, pero cabe destacar que, ni uno sólo de los aspirantes, incluyó en sus temas o promesas de campaña este tema, siquiera al referir un comentario de interés para atender este rubro tan importante en el gobierno, pues no obstante que, en materia penal el sistema para impartir justicia está desfasado en su capacidad, la materia familiar, también conlleva un retroceso importante al interior de los juzgados encargados de ésta área del derecho, lugares en los cuales se deciden temas tan importantes como pensiones alimenticias, adopciones, guardas y custodia de menores e incapaces, convivencia entre progenitores y menores, etc. cuyos trámites, además de costos son interminables, dada la evidente incapacidad que, reviste a la mayoría de servidores públicos, al implementar al interior de los juzgados dinámicas que se vuelven un obstáculo para todos justiciable.
Como ya lo expresé, a través de las campañas no se habló de que se ocuparían o atenderían en estas problemáticas, solamente se abordó algunas de las de moda, como lo viene a ser la violencia intrafamiliar, esa violencia que conlleva violencia física, económica, psicológica, verbal, etc. pero jamás se dijo que se buscaría un presupuesto para, por lo menos, multiplicar los juzgados de lo familiar.
Afortunadamente están ya por terminar su periodo señores diputados, a todos los que se reeligieron y los que llegarán como nuevos, tomen conciencia de esta urgente necesidad y hagan lo propio para resolver esta problemática.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
