En México se vive en un estado de derecho ausente, al contar con un poder legislativo, tanto nacional como estatal, carente de voluntad propia, dado que ambos se dejan manejar por los poderes ejecutivos. Qué bueno sería que, aquellos parlamentarios que los integran, demostraran lo contrario a la sociedad a la cual se deben y para muestra un botón, el ejecutivo federal, no obstante que el poder legislativo ha autorizado anualmente, durante esta administración, un presupuesto debidamente desglosado para que se aplique en la forma y términos en que fue aprobado por la mayoría legislativa, sin el menor respeto, el ejecutivo federal dispendia el erario público a capricho, desde su leal saber y entender si, es que realmente entiende.
Dispendia el erario a capricho y no obstante lo evidente de su proceder, los legisladores tan dúctiles, consienten, no obstante su la responsabilidad de vigilar y exigir, el respeto y cumplimiento de la voluntad popular, pues el ejercicio de su función, obedece a tan distinguida facultad, delegada por la sociedad en esos hoy detractores, traicionando con su proceder, a sus representados.
En nuestro estado en el legislativo local, su gran mayoría actúan, manejados por el ejecutivo estatal, descuidando y desatendiendo lo que protestaron solemnemente al aceptar su cargo, lo que resulta una farsa por los hechos que, constantemente realizan a los ojos de toda la sociedad, no obstante que, tanto para el legislativo federal como el estatal, la Constitución deposita en ellos la responsabilidad de autorizar el presupuesto anual que el ejecutivo propone, entiéndase propuesta, no mandamiento, lo que en la realidad y la práctica, resulta una orden, pues a capricho de uno solo, lo modifica.
Al tratarse de la procuración y administración de justicia, rubro al que, ni tan siquiera se le aprueba o autoriza lo indispensable y por demás urgente, lo que debería de ser tema prioritario a cualquier otro gasto que se considere en el servicio público, pero sobre todo, cuando vemos ese dispendio del que abusa el propio legislativo con esa plantilla laboral inútil e innecesaria y de la que, por supuesto se sirven para cuestiones personales y familiares, no para la comuna estatal.
Es deleznable ver, cómo se regatea y se escatima arbitrariamente, a propuesta del ejecutivo estatal, sin que medie una justificación válida e inteligente, pues en días pasados nos dimos cuenta de que, se le redujo el presupuesto a la Universidad de Guadalajara en ciento cuarenta millones de pesos, respecto a un presupuesto que ya tenía autorizado y que, sin mediar una razón válida, sólo se expresó que se pretende destinar a una institución de salud a la que desde luego, tampoco se debe regatear, pero que cierto es que, hay otras áreas de la administración, como lo es el propio congreso del estado y del mismo ejecutivo que pueden esperar y no contribuir a frenar a una institución en plena evolución y en evidente desarrollo cultural, profesional y educativo.
Con la reducción del presupuesto a la Universidad de Guadalajara se le está impidiendo con tales actos , el cumplimiento cabal de su noble objetivo social, como lo es el de la cultura y no nos queda ni a propios ni a extraños, callar y consentir, la traición que los legisladores en su mayoría, juegan a la sociedad a la que se deben, al incumplir con un mandato imperativo, constitucional, moral, político y social.
Todos los universitarios que abrevamos y los que no también, en nuestra alma máter, tenemos el deber de exigirle a los detractores populares, el sacramental mandamiento que se les encargó por parte de la sociedad electora al sufragar su voto, urgen diputados, tanto federales como locales, con un poquito de respeto a sí mismos, así como para con la colectividad a la que se deben. Es hora de poner un hasta aquí a tan penoso y asqueroso desempeño.
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