Quienes tuvimos y tienen la suerte de ir a la universidad, en particular, quienes estudiamos la carrera de abogado o licenciado en derecho, siempre nos dijeron, que la ley por antonomasia, es el único instrumento que hace posible el desarrollo armónico de los pueblos; existe en el contexto jurídico, nacional y universal, normas que regulan toda actividad, ya sea individual, grupal, gubernamental, que de no cumplirse, según los textos legales, tienen sus consecuencias, en ocasiones graves y gravísimas.
Lamentablemente en esta latitud, esas consecuencias son letra muerta o inexistentes para quienes gozan de opulencia económica o política, de ahí lo etéreo del incumplimiento puntual de las normas que cada sociedad se ha establecido para su desarrollo social, económico, político, gubernamental, familiar, deportivo, sobre todo en la administración y procuración de justicia que debería ser el factor fundamental en la aplicación de la ley y como consecuencia, del desarrollo de la sociedad, que como decía Winston Churchill, después de su triunfo de la segunda guerra mundial, cuando alguien le pregunto: ¿Cuál era el éxito de la grandeza de su patria?, su respuesta fue tajante, “simplemente la justicia”.
Hoy por hoy, que la tecnología se ha vuelto un instrumento vital que permite el acceso a cualquier mortal a conocer las leyes de nuestro municipio, estado, territorio nacional y la del país que sea de su interés; quienes tenemos el privilegio de presentarnos a un aula, para hablarle a los jóvenes de la teoría del estado, de la constitucionalidad, de la legalidad, tanto la vigente como sus antecedentes, motivos y razón de las leyes, debemos tener un severo remordimiento de conciencia, en particular los académicos jaliscienses de cualquier institución de enseñanza, en donde necesariamente los programas de estudio nos obligan a inculcar los principios y valores de la legalidad, de la honestidad, de la lealtad, de respeto a las instituciones y en particular a las autoridades, que igualmente, cuando lleguen a desempeñar los cargos, si tuvieran ese privilegio, deberían conducirse con toda sobriedad, humildad, discreción, paciencia, sapiensa, que los haga respetuosos y respetables en el cometido de su función, simplemente por el privilegio de desempeñar el cargo.
En nuestro país, en el artículo 128 de nuestra Carta Magna, establece concretamente que para todo aquel que tiene esa oportunidad o privilegio, antes de asumir el cargo, sin excepción alguna, prestara protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, como así lo reza el numeral en cita de nuestro código nacional, por lo que resulta inefable, ante los últimos acontecimientos en nuestra entidad, que los tres poderes constituidos en nuestro Estado, traicionen a la patria, a nuestro Estado, a nuestra ciudad y a toda la sociedad y universidades, con un cinismo inexplicable, indecible, injustificado.
Como ya lo he señalado más de alguna vez, el día 28 veintiocho de junio, 36 treinta y seis integrantes de la legislatura local actual, faltando a su compromiso constitucional, designaron sin que se cumpliera la ley, a tres consejeros reprobados por ellos mismos, para desempeñar dicho cargo y lo más espectacular, pareciera como el vulgar ladrón común, que espera la nocturnidad para cometer su atraco, así en la madrugada del día de la designación fueron nombrados estos personajes que sin recato y con la complicidad del actual Presidente del Tribunal y el Consejero que tiene por vencer su nombramiento en el mes de octubre, están desempeñando un cargo de forma ilícita, con dolo total, pues saben perfectamente y así lo afirmo porque son abogados, que no reunieron los requisitos de la convocatoria para tal efecto, la cual tiene el rango de ley, lo que además para las universidades, causa una gran deshonra, haciendo indescriptible puntualmente el latrocinio jurídico que padece nuestro Estado, donde Magistrados y Jueces, apartados de su valor civil, dignidad, de su honor, de su profesión y sobre todo de su función, han permitido que el Poder Ejecutivo, en una actitud monárquica y el Poder Legislativo, en una actitud cortesana del Ejecutivo, incurran en una intromisión total, inédita, aberrante, cínica y a lo que el foro permanece insensible, complaciente, ante un silencio sepulcral, tolerante, pareciera en complicidad, con una actitud vergonzosa, denostante y desleal, tanto a las universidades que los formo, como a la sociedad.
Es urgente que funcionarios de la procuración y la administración de justicia, los postulantes, los académicos, los estudiosos del derecho, lejos de lamentarnos, nos empeñemos apremiadamente en eso que sí se puede cambiar, si actuamos en consecuencia y no en la derrota anticipada, de que el poder es el poder, trasgrediendo nuestra constitución que consagra que la única soberanía es la del pueblo y no la gran mentira de la Corte, que se la otorga indebidamente a quienes tienen por sobre todo que cumplir y hacerla cumplir, como las leyes que de esta emanan.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
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