Todos los gobiernos deben tener el propósito de servir a su gobernantes, ya sea federal, estatal o municipal.
Quisiera estar equivocado, al analizar la situación de nuestra patria, en donde el gobierno federal, actualmente encabezado por el más hetero de los gobernantes, quien todos los días, haciendo uso de los diversos medios de comunicación, tiene como único propósito, el de confrontar a los distintos sectores sociales, apostándole a esa decadente teoría de, divide y vencerás.
Gracias a sus barrabasadas constantes, nos ha persuadido a que la sociedad, aunque todavía en poca proporción, nos vayamos solidarizando, sobre todo, porque si algo tenemos claro es que, el único gobierno que impera a lo largo y ancho de nuestro país, es el del crimen.
Indiscutiblemente, el presidente de la república ha tolerado la expansión del crimen, contribuyendo con ello a su fortalecimiento, a niveles inauditos y en agravio, no sólo de su propia administración, sino en perjuicio del pueblo de México, quienes diariamente, a través de los medios de comunicación, conocemos el número tan elevado de muertes perpetradas por la delincuencia. Una cifra alarmante, pues la estadística actual, respecto al número de homicidios, supera y por mucho, cualquier estadística generada a lo largo de la historia de nuestro país.
México es un claro ejemplo de un país en el que, el hampa goza de total impunidad y qué decir de Jalisco, un estado en el que los elementos encargados de la seguridad y de la procuración de justicia, inclusive, los auxiliares de la autoridad, encargados de la investigación científica, al día de hoy se han manifestado para hacer evidente lo insostenible de su realidad laboral; sin embargo, sólo han recibido indiferencia por parte del actual gobierno.
Los tres poderes incurren en una grave traición al pueblo de Jalisco, al consentir la omisión del gobierno estatal actual, dada su grave irresponsabilidad al negarnos un elemento fundamental de orden y convivencia social entre todos los jaliscienses, como lo es la seguridad pública.
Otra preocupante realidad radica en la miseria salarial que se les otorga a los elementos encargados de la seguridad de nuestro estado y para muestra, habrá que conocer el importe de las pírricas cantidades que, por concepto de bono se les otorga, una vez que aprueban los exámenes de control y de confianza, los cuales, actualmente y de manera dolosa, no se les aplica para tratar con ello de justificar, el no pago de esa limosna, porque no es otra cosa que una limosna, dado que, a la de por sí ya raquítica cantidad económica por concepto de bono, se le aplica una carga tributaria, lo que reduce a migajas el neto de dichoso bono, pero que al servidor público de algo le ha de servir para la subsistencia de él y de los suyos.
Lo anterior se traduce en una absoluta impunidad del crimen, pues es bien sabido que, ni siquiera el actual encargado de nuestra seguridad física y patrimonial, tiene una seguridad laboral estable, menos un salario decoroso, aspectos que, le motiven a cumplir con su compromiso de enfrentar a la delincuencia, además de erradicar a la otra delincuencia, esa de la cual se encuentra plagada nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Es hora de que, también el resto de los sectores de la sociedad nos sumemos al reclamo en contra del gobierno, pues está en sus manos la vida de todos los que conformamos esta sociedad, así como la seguridad de nuestro patrimonio y si bien es cierto, el patrimonio es lo secundario, no es menos importante.
La sociedad no debemos tornarnos hetero, adjetivo que merecemos por no asumir nuestra responsabilidad, al haber elegido el gobierno actual; o bien, por ser indiferentes para que cumpla con su deber, teniendo claro que, primeramente debemos recuperar nuestra paz social.
Es inadmisible que, conocedores de las diversas problemáticas sociales por las que atravesamos en estos momentos, el titular del Ejecutivo estatal, se atreva a ausentarse de su función, desatendiendo esos rubros primigenios que, lo demás sobrevendrá, cuando estemos plenamente gobernados por gente con talento y conocimiento para ello.
Es urgente un grito de exigencia al Gobierno estatal para que atienda inmediatamente todas y cada una de las problemáticas claramente identificadas, lo anterior conlleva disponer de recursos económicos suficientes, autorización que le corresponde al Poder Legislativo.
*Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
