/ martes 23 de noviembre de 2021

Tráfico de armas

El gobierno de México está decidido a frenar el tráfico de armas, un problema que no es reciente, pero que en los últimos tiempos se ha agravado debido a que los fabricantes y proveedores de armas estadounidenses, fundándose en que la tenencia de armas está protegida por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, venden armas en forma indiscriminada al mejor postor, sin monitoreo alguno.

Diariamente ingresan a nuestro país más de 500 armas de forma ilegal, la mayoría de ellas procedentes del vecino país del norte. Los especialistas son de la opinión que el gobierno de México debe “asumir su parte en el control de ese mercado negro”, y piden que las autoridades federales vayan más allá de echarle la culpa a otras naciones. Eugenio Weigend Vargas, director de Investigación en el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano), propone la creación de “protocolos eficientes para la distribución de armas en las instituciones de seguridad nacionales y subnacionales”.

Lo importante es que México trabaja en la solución de la introducción ilegal de armamento a territorio mexicano: el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador presentó una acción legal en un tribunal federal de Massachusetts, buscando que fabricantes y distribuidores de armas sean más responsables y menos negligentes con el destino de su armamento.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo la siguiente declaración sobre el tema: los fabricantes de armas “no sancionan ni monitorean su línea de distribución y la mayoría de las armas traficadas a nuestro país fueron compradas por prestanombres y terminan en manos del crimen”.

La demanda del gobierno de México contra 11 fabricantes de armas, considerada por algunos medios de comunicación como histórica, fue admitida el pasado 21 de agosto por una corte federal de Massachusetts. Este 22 de noviembre, los demandados pidieron a la Corte desestimar la demanda bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil, además de sostener que “no son responsables” del tráfico ilegal de armas a México, ya que cumplen con todas las leyes estatales y federal para fabricar y vender sus productos.

El argumento de los demandados, dirigido a la Corte mediante un memorando, se da justo cuando la versión digital del periódico Los Ángeles Times publica una nota bajo el título “Aumenta el uso de armas en público en Estados Unidos, ¿por qué?”. En la nota, el medio de comunicación angelino se refiere al juicio de asesinato en defensa propia de Kyle Rittenhous, en Wisconsin, así como al juicio en Georgia por el asesinato de Ahmaud Abrery, un hombre negro de 25 años, quien “fue perseguido y baleado por tres hombres blancos”.

Ambos juicios, señala Los Ángeles Times, “enviaron nuevos indicios sorprendentes sobre los límites de la defensa propia en un momento en que más armas de fuego salen de las casas de Estados Unidos, en medio de tensiones políticas y raciales y el avance de leyes que relajan los requerimientos para tener permiso y expanden el uso de fuerza permisible”.

Y es que, como señala la nota en cuestión, “en buena parte del país se ha vuelto cada vez más aceptado que las personas caminen por las calles con armas de fuego, ya sea en forma abierta u ocultas legalmente”, causando diversas masacres en algunos momentos de la historia de Estados Unidos. Un ejemplo que viene a mi mente fue la masacre ocurrida el 20 de abril de 1999 en la secundaria de Columbine (Littletown). En ese lugar, dos estudiantes asesinaron a 13 personas, hirieron a otras 24, y terminaron quitándose la vida.

El caso antes mencionado puso el tema sobre la mesa del debate, pero el problema persiste debido a las regulaciones permisivas en Estados Unidos, una situación que facilita la temible circulación de millones de rifles y pistolas de alto calibre.

Concluyo señalando que las armas que atraviesan la frontera sin monitoreo constituyen un peligro no sólo para los estadounidenses sino también para los habitantes de México, donde diversos grupos criminales las utilizan para incrementar significativamente la violencia mediante la práctica cotidiana de delitos como homicidios, tráfico clandestino de seres humanos, secuestros, asaltos, narcotráfico, entre otros.

Twitter: @armayacastro

El gobierno de México está decidido a frenar el tráfico de armas, un problema que no es reciente, pero que en los últimos tiempos se ha agravado debido a que los fabricantes y proveedores de armas estadounidenses, fundándose en que la tenencia de armas está protegida por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, venden armas en forma indiscriminada al mejor postor, sin monitoreo alguno.

Diariamente ingresan a nuestro país más de 500 armas de forma ilegal, la mayoría de ellas procedentes del vecino país del norte. Los especialistas son de la opinión que el gobierno de México debe “asumir su parte en el control de ese mercado negro”, y piden que las autoridades federales vayan más allá de echarle la culpa a otras naciones. Eugenio Weigend Vargas, director de Investigación en el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano), propone la creación de “protocolos eficientes para la distribución de armas en las instituciones de seguridad nacionales y subnacionales”.

Lo importante es que México trabaja en la solución de la introducción ilegal de armamento a territorio mexicano: el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador presentó una acción legal en un tribunal federal de Massachusetts, buscando que fabricantes y distribuidores de armas sean más responsables y menos negligentes con el destino de su armamento.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo la siguiente declaración sobre el tema: los fabricantes de armas “no sancionan ni monitorean su línea de distribución y la mayoría de las armas traficadas a nuestro país fueron compradas por prestanombres y terminan en manos del crimen”.

La demanda del gobierno de México contra 11 fabricantes de armas, considerada por algunos medios de comunicación como histórica, fue admitida el pasado 21 de agosto por una corte federal de Massachusetts. Este 22 de noviembre, los demandados pidieron a la Corte desestimar la demanda bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil, además de sostener que “no son responsables” del tráfico ilegal de armas a México, ya que cumplen con todas las leyes estatales y federal para fabricar y vender sus productos.

El argumento de los demandados, dirigido a la Corte mediante un memorando, se da justo cuando la versión digital del periódico Los Ángeles Times publica una nota bajo el título “Aumenta el uso de armas en público en Estados Unidos, ¿por qué?”. En la nota, el medio de comunicación angelino se refiere al juicio de asesinato en defensa propia de Kyle Rittenhous, en Wisconsin, así como al juicio en Georgia por el asesinato de Ahmaud Abrery, un hombre negro de 25 años, quien “fue perseguido y baleado por tres hombres blancos”.

Ambos juicios, señala Los Ángeles Times, “enviaron nuevos indicios sorprendentes sobre los límites de la defensa propia en un momento en que más armas de fuego salen de las casas de Estados Unidos, en medio de tensiones políticas y raciales y el avance de leyes que relajan los requerimientos para tener permiso y expanden el uso de fuerza permisible”.

Y es que, como señala la nota en cuestión, “en buena parte del país se ha vuelto cada vez más aceptado que las personas caminen por las calles con armas de fuego, ya sea en forma abierta u ocultas legalmente”, causando diversas masacres en algunos momentos de la historia de Estados Unidos. Un ejemplo que viene a mi mente fue la masacre ocurrida el 20 de abril de 1999 en la secundaria de Columbine (Littletown). En ese lugar, dos estudiantes asesinaron a 13 personas, hirieron a otras 24, y terminaron quitándose la vida.

El caso antes mencionado puso el tema sobre la mesa del debate, pero el problema persiste debido a las regulaciones permisivas en Estados Unidos, una situación que facilita la temible circulación de millones de rifles y pistolas de alto calibre.

Concluyo señalando que las armas que atraviesan la frontera sin monitoreo constituyen un peligro no sólo para los estadounidenses sino también para los habitantes de México, donde diversos grupos criminales las utilizan para incrementar significativamente la violencia mediante la práctica cotidiana de delitos como homicidios, tráfico clandestino de seres humanos, secuestros, asaltos, narcotráfico, entre otros.

Twitter: @armayacastro

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