Enrique Velázquez González

  / miércoles 19 de diciembre de 2018

Tomar en serio a la educación

El Presupuesto de Egresos de la Federación es la política hecha números. No hay instrumento que refleje de mejor manera las aspiraciones de un Gobierno que sus dineros.

Toda discusión sobre educación superior debiera iniciarse por aquellos obstáculos que le impiden desarrollarse. Entre ellos destaca, indudablemente, el del financiamiento. El mayor desafío en nuestro país sigue siendo la carencia de una política de financiamiento sostenido y creciente para la educación superior y el último presupuesto volvió a sacar a relucir esa penuria.

Mientras el progreso de los países desarrollados en materia de educación continúa, las decisiones sobre el presupuesto a las universidades en México afrontan nuevas contradicciones y controversias.

En días pasados (15 de diciembre), Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2019. En principio, se esperaban ajustes en contraste con anteriores presupuestos. Sin embargo, lo sorpresivo no fue en la reorientación del gasto, ni en la austeridad de este, sino en los inesperados recortes a las universidades públicas y su incongruencia en relación con los mensajes que se dieron en campaña y durante los primeros días de ejercicio de este Gobierno.

Afortunadamente, las voces de la comunidad universitaria de todo el país se hicieron escuchar y el presidente López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que se cometió un error (otra vez) en la presentación del presupuesto (el tercero con relación a las universidades públicas), por lo que cumpliría con su compromiso de otorgarles lo correspondiente.

No obstante, la lección a rescatar es que esta situación no puede mantenerse interminablemente. El desarrollo de las instituciones públicas de educación superior, y en particular del progreso de las universidades estatales, no debe depender de una decisión discrecional, es necesario construir espacios de participación y cooperación que permitan la definición de criterios claros sobre la asignación de los recursos que cada año se destinan al sistema de universidades públicas, así como consensos que articulen estos criterios al proyecto de desarrollo social y económico que requiere el país.

Estoy convencido que la educación es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la desigualdad y que, no obstante, su carácter estratégico para el desarrollo, debe estar representado en los números.

Aplaudo la rectificación del presidente, pero aplaudo aún más a los compañeros universitarios por alzar la voz. Los retos de la educación pública son inmensos no la abandonemos, por el contrario, hagámosla más fuerte. El compromiso con la pacificación y el desarrollo de este país está en las aulas, en las próximas generaciones de jóvenes y no en rabietas o caprichos personales.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es la política hecha números. No hay instrumento que refleje de mejor manera las aspiraciones de un Gobierno que sus dineros.

Toda discusión sobre educación superior debiera iniciarse por aquellos obstáculos que le impiden desarrollarse. Entre ellos destaca, indudablemente, el del financiamiento. El mayor desafío en nuestro país sigue siendo la carencia de una política de financiamiento sostenido y creciente para la educación superior y el último presupuesto volvió a sacar a relucir esa penuria.

Mientras el progreso de los países desarrollados en materia de educación continúa, las decisiones sobre el presupuesto a las universidades en México afrontan nuevas contradicciones y controversias.

En días pasados (15 de diciembre), Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2019. En principio, se esperaban ajustes en contraste con anteriores presupuestos. Sin embargo, lo sorpresivo no fue en la reorientación del gasto, ni en la austeridad de este, sino en los inesperados recortes a las universidades públicas y su incongruencia en relación con los mensajes que se dieron en campaña y durante los primeros días de ejercicio de este Gobierno.

Afortunadamente, las voces de la comunidad universitaria de todo el país se hicieron escuchar y el presidente López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que se cometió un error (otra vez) en la presentación del presupuesto (el tercero con relación a las universidades públicas), por lo que cumpliría con su compromiso de otorgarles lo correspondiente.

No obstante, la lección a rescatar es que esta situación no puede mantenerse interminablemente. El desarrollo de las instituciones públicas de educación superior, y en particular del progreso de las universidades estatales, no debe depender de una decisión discrecional, es necesario construir espacios de participación y cooperación que permitan la definición de criterios claros sobre la asignación de los recursos que cada año se destinan al sistema de universidades públicas, así como consensos que articulen estos criterios al proyecto de desarrollo social y económico que requiere el país.

Estoy convencido que la educación es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la desigualdad y que, no obstante, su carácter estratégico para el desarrollo, debe estar representado en los números.

Aplaudo la rectificación del presidente, pero aplaudo aún más a los compañeros universitarios por alzar la voz. Los retos de la educación pública son inmensos no la abandonemos, por el contrario, hagámosla más fuerte. El compromiso con la pacificación y el desarrollo de este país está en las aulas, en las próximas generaciones de jóvenes y no en rabietas o caprichos personales.

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