Durante el siglo XXI México ha evolucionado hacia su consolidación democrática. Transitamos de un esquema de presidencialismo autoritario sostenido por un partido hegemónico, hacia el respeto a la división de poderes que existía de derecho, pero de hecho fue sometida en diversos momentos y ante situaciones que debilitaron a la republica.
México es una República representativa, democrática, laica y federal. La república es el tipo de gobierno adoptado en la mayoría de los países actuales. México tiene un Poder Supremo que, como en todos los gobiernos republicanos, está dividido en tres poderes (art. 49 CPEUM): Uno para hacer las leyes: Poder Legislativo. Otro para aplicarlas: Poder Ejecutivo. Un tercero para impartir la justicia: Poder Judicial. Cada poder tiene funciones específicas que ayudan a controlar a los otros dos. Con esto se pretende evitar que un gobernante abuse de su poder y tome decisiones que no favorezcan a la población.
El poder Ejecutivo se confía al Presidente de la República, elegido cada seis años por voto directo por los ciudadanos mexicanos. El presidente, quien es jefe de estado y de gobierno a la vez, es independiente del Poder Legislativo. El presidente posee facultades para designar a los miembros del gabinete, para presentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto.
La historia de México ha registrado épocas durante las cuales el país ha sido presa del ejercicio de una excesivo predominancia del Poder Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los mecanismos constitucionales de decisión política. La institución presidencial pudo hacer uso de facultades constitucionales y meta constitucionales que le otorgaron al Presidente poderes por encima de los demás órganos del Estado. Los abusos y los excesos del presidencialismo empoderaron de más a nuestros gobernantes, quienes se aprovecharon de ello para tomar decisiones híper presidencialistas, sin control ni limites, debido a la sumisión, al servilismo, al control partidista, a un mal entendido respeto a la investidura presidencial que desembocó en cortesanismo, solapamiento, corrupción y rompimiento del orden jurídico.
La experiencia del Presidencialismo en México sólo tuvo como limitante la prohibición de la reelección que impide que quien ostente la Presidencia de la República pueda perpetuarse en el poder indefinidamente.
Hoy el Gobierno del Presidente López Obrador rebasa la mitad de su sexenio. Pareciera temprano para alborotar la carrera por la sucesión presidencial, pero es un hecho que ha dado ya el banderazo de salida para que quienes aspiran a relevarlo contiendan en la conquista de la percepción, de la opinión pública y consigan respaldo popular. Con tanto tiempo de anticipación, los miembros de su gabinete, gobernadores y jefa de gobierno de su partido distraerán su desempeño público en la obtención de la preciada nominación para la silla presidencial en 2024. En simultaneo, el resto de los partidos políticos y la clase política nacional pluripartidista ha entrado en ebullición. La sacudida prematura los obligó a enfocarse en la sucesión presidencial, provocando desgaste, golpeteo, intranquilidad y reorientación de sus actividades.
Ocupar el tiempo y el espacio político desde ahora en la elección de 2024 distrae de otros retos, temas y metas más urgentes e importantes en el inmediato plazo: superar la pandemia, controlar la inseguridad pública y la violencia, abatir la impunidad –el peor de todos los males de México-, vigilar el cumplimiento y el desempeño de los gobernantes y de los servidores públicos, frenar la corrupción rampante que sigue lacerando el tejido social mexicano.
La sucesión presidencial es espectáculo y es distractor. Necesitamos resultados. Hechos, no intenciones. Lo que nos sirve como nación es enfocarnos en lo urgente y en lo importante. Resolviendo esto, quien nos gobierne en 2024 dejara de ser tan relevante.
Carlos Anguiano
