Luis Octavio Cotero Bernal

  / domingo 9 de junio de 2019

Son de fiar

Es de reconocer los aciertos, cuando a mi juicio y por conocer sus antecedentes, que quienes vienen a suceder a los integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Estado de Jalisco, quienes también se van sin queja, aunque con el rezago natural que provoca el exagerado número de juicios que ante ese Tribunal permanentemente se gestionan y donde desafortunadamente igual que en otras áreas de la administración pública se repite el problema de la falta de recursos y personal suficiente que vengan a desahogar esta situación tan descuidada.

Ya que la justicia demorada es justicia denegada; también hay que señalar lo inequitativo de los salarios de Magistrado y el personal de esa institución, comparado con el Tribunal de lo Administrativo o el Supremo Tribunal de Justicia, no obstante que la función es exactamente la misma, la de administrar justicia a quien acude a ese H. Tribunal.

Ahora bien, porque los conozco en su desempeño natural como abogados, así como su origen familiar, como es el caso de Víctor Salazar Rivas, hijo de un excelente maestro y abogado postulante en la materia laboral, que también goza de buen prestigio por su capacidad y probidad, Don Mario Salazar Salas, sin que sea menor el talento y probidad del Doctor Rubén Darío Larios García, quien es conocedor de la materia por su desempeño y que igualmente goza de probidad reconocida, prestancia y diligencia en la atención al usuario de la justicia laboral de esa institución, de ahí que me atreva a sostener que los ya citados en unión del licenciado Felipe Gavino Alvarado Fajardo, vengan a constituir una tercia, que por la edad que ahora tienen, estoy seguro que aportaran todo su esfuerzo y conocimiento, experiencia y desempeño para seguir engrandeciendo al Tribunal de Arbitraje, que tiene la noble y alta responsabilidad de administrar justicia a la clase trabajadora, frente a los tres niveles de gobierno a quienes tienen que someter cuando resulta necesario, mediante sus resoluciones a efecto de restituir los derechos de la clase trabajadora al servicio del Estado y los Municipios, ello sin que de por medio favorezcan o prevalezcan intereses políticos, ya sean de designación o elección popular, sino simplemente el orden Constitucional y legal.

Me parece que los Colegios de Abogados y la Sociedad Civil, también nos interesemos en que los servicios públicos se procuren de manera eficiente y oportuna, que solo será posible cuando se dote de los recursos materiales y humanos necesarios, porque a la justicia no se le deben escatimar recursos y a trabajo igual, salario igual, como reza en el Derecho Laboral ya que quienes laboran en el Tribunal en cuestión, desde los Magistrados hasta el empleado menor, se les dé un trato salarial distinto al de otras instituciones, lo que además de injusto, es incorrecto por dar trato desigual, ni la tan mentada y traída austeridad, justifica el regateo de un salario digno y equitativo por parte de la administración del Ejecutivo, como los presupuestos autorizados por el Congreso del Estado.

Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.

Locb15@hotmail.com

Es de reconocer los aciertos, cuando a mi juicio y por conocer sus antecedentes, que quienes vienen a suceder a los integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Estado de Jalisco, quienes también se van sin queja, aunque con el rezago natural que provoca el exagerado número de juicios que ante ese Tribunal permanentemente se gestionan y donde desafortunadamente igual que en otras áreas de la administración pública se repite el problema de la falta de recursos y personal suficiente que vengan a desahogar esta situación tan descuidada.

Ya que la justicia demorada es justicia denegada; también hay que señalar lo inequitativo de los salarios de Magistrado y el personal de esa institución, comparado con el Tribunal de lo Administrativo o el Supremo Tribunal de Justicia, no obstante que la función es exactamente la misma, la de administrar justicia a quien acude a ese H. Tribunal.

Ahora bien, porque los conozco en su desempeño natural como abogados, así como su origen familiar, como es el caso de Víctor Salazar Rivas, hijo de un excelente maestro y abogado postulante en la materia laboral, que también goza de buen prestigio por su capacidad y probidad, Don Mario Salazar Salas, sin que sea menor el talento y probidad del Doctor Rubén Darío Larios García, quien es conocedor de la materia por su desempeño y que igualmente goza de probidad reconocida, prestancia y diligencia en la atención al usuario de la justicia laboral de esa institución, de ahí que me atreva a sostener que los ya citados en unión del licenciado Felipe Gavino Alvarado Fajardo, vengan a constituir una tercia, que por la edad que ahora tienen, estoy seguro que aportaran todo su esfuerzo y conocimiento, experiencia y desempeño para seguir engrandeciendo al Tribunal de Arbitraje, que tiene la noble y alta responsabilidad de administrar justicia a la clase trabajadora, frente a los tres niveles de gobierno a quienes tienen que someter cuando resulta necesario, mediante sus resoluciones a efecto de restituir los derechos de la clase trabajadora al servicio del Estado y los Municipios, ello sin que de por medio favorezcan o prevalezcan intereses políticos, ya sean de designación o elección popular, sino simplemente el orden Constitucional y legal.

Me parece que los Colegios de Abogados y la Sociedad Civil, también nos interesemos en que los servicios públicos se procuren de manera eficiente y oportuna, que solo será posible cuando se dote de los recursos materiales y humanos necesarios, porque a la justicia no se le deben escatimar recursos y a trabajo igual, salario igual, como reza en el Derecho Laboral ya que quienes laboran en el Tribunal en cuestión, desde los Magistrados hasta el empleado menor, se les dé un trato salarial distinto al de otras instituciones, lo que además de injusto, es incorrecto por dar trato desigual, ni la tan mentada y traída austeridad, justifica el regateo de un salario digno y equitativo por parte de la administración del Ejecutivo, como los presupuestos autorizados por el Congreso del Estado.

Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.

Locb15@hotmail.com

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