/ jueves 13 de diciembre de 2018

#SinVotoNoHayDinero o la política en hashtags


Ismael del Toro

(Tercera parte)

La disputa que alcanzaría su clímax en la discusión de la reforma electoral en realidad había iniciado desde enero de 2017, cuando cobró vigencia el decreto presidencial que iniciaba el proceso de liberalización del precio de la gasolina, el llamado "gasolinazo", que para efectos prácticos provocó un sensible aumento en el precio de la gasolina y el descontento generalizado de la población (la fracción parlamentaria de MC en el Congreso de la Unión se reservó los artículos correspondientes para votarlos en contra dentro del paquete fiscal). El repudio a dicha medida del Gobierno federal, por parte de una sociedad ya de por sí agraviada por las desapariciones de cuarenta y tres estudiantes normalistas a manos de la delincuencia organizada coludida con autoridades locales en Guerrero, así como por las evidencias de corrupción y tráfico de influencias en la presidencia de la República, repudio que se desbordó hacia la clase política en su conjunto, fue tal, que en ese mes de enero se palpaba una inconformidad a punto de ebullición.

En Jalisco, Aristóteles Sandoval vio su oportunidad. El gobernador no gozaba de la mejor relación con el gabinete presidencial, entre otros con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al inicio de la administración de Aristóteles, los entes de poder nacionales le habían impuesto a Arturo Zamora como secretario general de Gobierno. Por diferencias con el círculo más cercano de colaboradores del gobernador, al poco tiempo Zamora fue forzado a renunciar: su destitución lastimó la relación de Aristóteles con el presidente Peña Nieto.

Es tal el hartazgo ciudadano ante la descarada y cínica corrupción de muchos de sus gobernantes, casi todos, que el principal señalado, el presidente Peña, dará la orden para que sean perseguidos, tras dejar el poder. Una larga lista de exgobernadores, entre cuyos nombres destacan los priístas Jesús Reyna de Michoacán, Andrés Granier de Tabasco, Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo, son encarcelados, con otros más en proceso de extradición como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y otros prófugos como César Duarte, de Chihuahua.


(Continuará…)


Ismael del Toro

(Tercera parte)

La disputa que alcanzaría su clímax en la discusión de la reforma electoral en realidad había iniciado desde enero de 2017, cuando cobró vigencia el decreto presidencial que iniciaba el proceso de liberalización del precio de la gasolina, el llamado "gasolinazo", que para efectos prácticos provocó un sensible aumento en el precio de la gasolina y el descontento generalizado de la población (la fracción parlamentaria de MC en el Congreso de la Unión se reservó los artículos correspondientes para votarlos en contra dentro del paquete fiscal). El repudio a dicha medida del Gobierno federal, por parte de una sociedad ya de por sí agraviada por las desapariciones de cuarenta y tres estudiantes normalistas a manos de la delincuencia organizada coludida con autoridades locales en Guerrero, así como por las evidencias de corrupción y tráfico de influencias en la presidencia de la República, repudio que se desbordó hacia la clase política en su conjunto, fue tal, que en ese mes de enero se palpaba una inconformidad a punto de ebullición.

En Jalisco, Aristóteles Sandoval vio su oportunidad. El gobernador no gozaba de la mejor relación con el gabinete presidencial, entre otros con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al inicio de la administración de Aristóteles, los entes de poder nacionales le habían impuesto a Arturo Zamora como secretario general de Gobierno. Por diferencias con el círculo más cercano de colaboradores del gobernador, al poco tiempo Zamora fue forzado a renunciar: su destitución lastimó la relación de Aristóteles con el presidente Peña Nieto.

Es tal el hartazgo ciudadano ante la descarada y cínica corrupción de muchos de sus gobernantes, casi todos, que el principal señalado, el presidente Peña, dará la orden para que sean perseguidos, tras dejar el poder. Una larga lista de exgobernadores, entre cuyos nombres destacan los priístas Jesús Reyna de Michoacán, Andrés Granier de Tabasco, Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo, son encarcelados, con otros más en proceso de extradición como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y otros prófugos como César Duarte, de Chihuahua.


(Continuará…)