El mundo entero se sacude y gran parte de la humanidad se debate temerosa, ante la nueva embestida de la pandemia, que en las últimas semanas ha ampliado su acción devastadora. Las comunidades nacionales se defienden hasta donde puede su fuerza, su economía y su organización, de eso no hay duda, pero también es muy cierto que al crecer el azote del coronavirus, los gobiernos y los ciudadanos tienen que sentirse obligados a aumentar las acciones preventivas, al igual que las combativas. Y eso es algo que no solamente debe pensarse y decirse, sino definitivamente hacerse.
Hay cosas en la lucha contra la enfermedad que se han hecho bien. Pero indudablemente que en otros campos nos hemos quedado cortos.
Por ejemplo, hay autoridades que recriminan a los ciudadanos el no atender cabalmente las recomendaciones para la prevención. Aunque ante esto, ha habido quienes se aventuran a pensar que algunos servidores públicos podrían caer en el riesgo de que se les señalara una eventual falta de oficio político, a la hora en que deben convertirse en verdaderos líderes de la comunidad.
No faltan observadores con la opinión de que gobernantes y gobernados deben ser la misma cosa, o sea partes inseparables de una comunidad. Y que por lo tanto, al tratarse públicamente asuntos de interés general -la pandemia por ejemplo- los funcionarios no deberían referirse a los ciudadanos como “ustedes” o como “ellos”, sino definitivamente considerarlos como un “nosotros”. La comunidad es una, cierto, e incluye a sus dirigentes. No deben ser cosas aparte.
Por otro lado, pero sobre el mismo tema, se impone la idea de que al apretar los problemas de la pandemia, los que somos sus víctimas deberíamos apretar también con nuestras acciones. Si hay un ataque, enfrentarlo decididamente, para que cuando menos haya una lucha. Si se tratara de box, la idea es que no solamente el coronavirus la emprenda a golpes contra el hombre, arrinconándolo en una esquina, sino que éste acepte el cambio de golpes y se defienda hasta alcanzar la victoria.
Y ya en este trance de intensificar la defensa, han surgido ideas diversas a la hora de ampliar la cobertura del llamado “botón de emergencia”, para que en el cierre de establecimientos se incluya no sólo a negocios privados, sino también a dependencias oficiales, a fin de no obligar a los ciudadanos a que salgan a la calle a realizar trámites. Y así puedan cumplir la recomendación de quedarse en casa, en estos días de apremio.
Los comentarios son en el sentido de que el sector privado ha asimilado los golpes económicos y los dueños de estadios deportivos, de restaurantes, de bares, de gimnasios, de comercios y demás, han tenido que aceptar las pérdidas que el cierre conlleva. Por lo tanto, la sugerencia que hacen observadores es acerca de que las autoridades también le entraran al juego y estudiaran la posibilidad de cambiar las fechas para el pago de impuestos como el predial y el refrendo vehicular -entre otros- para no obligar a la gente a salir de sus casas a cumplir con tales obligaciones.
La idea es que los meses para el pago fueran trasladados por decir algo, a abril y mayo, en lugar de enero y febrero, para que los contribuyentes pudieran permanecer en casa en estas fechas en que los contagios han arreciado. Se entiende que el Estado tiene necesidad de recursos inmediatos para mantener los indispensables servicios públicos. Y por eso la propuesta incluye la gestión de préstamos-puente que le permitan salir del paso, o la utilización de fondos de los créditos que no se han utilizado, sólo en tanto se reanuda el cobro de impuestos.
Estas y otras cosas más podrían hacerse para formar un frente común ante la nueva acometida de la pandemia, según señalan observadores desinteresados de la política, pero interesados en el bienestar social.
* Periodista
