Es innegable como los legisladores Federales como Estatales, que deberían representar al pueblo, como lo marca la ley, pero lejos, muy lejos de ello, vemos como designan servidores públicos sin el perfil, deshonestos, ignorantes, con antecedentes evidentemente negativos, para que a nivel nacional, sean ministros de la Corte, que solo vienen a servir a sus intereses y del Presidente en turno que los propone.
Lo que sucede a nivel local, con los magistrados, que aun no estando en funciones, el padrino que los propuso, los somete, como acaba de suceder en la reculada que se dieron los locales para no interponer la controversia contra la reforma judicial que ya habían aprobado y que estoy cierto que no lo hicieron con el ánimo de proteger los intereses económicos de la sociedad jalisciense, sino sometiéndose, no obstante la autonomía que marca la constitución al Poder Ejecutivo y desde luego, unos cuidando su libertad por pillos, por ser sujetos de investigación y otros que aún no son ratificados en el cargo, como lo marca la ley, todo lo cual es evidente, pues no se crea amigo lector, que lo hicieron por servirle a Jalisco, es solo por conveniencia personal, muy apartado de la honestidad y congruencia que los debería distinguir.
Quiero pensar que no es la mala fe la que impera en los Poderes Legislativos, pero tan mala como la ignorancia, ya que lamentablemente acceden a la representación popular, cualquier orate, solo con que cumpla con los requisitos de elegibilidad y que si hay gentes intelectuales y capaces, son los encargados de arrear a los que no, induciendolo a aprobar lo que el Ejecutivo en turno les indica, como es el caso de aprobar leyes y reformas a estas y nombramientos de cargos de la más alta responsabilidad y que solo van a obedecer al que los propuso, aunque sea ilegal la propuesta que les indican y lo más lamentable aun, tolerar que el Ejecutivo Federal, no tan solo lo haga, sino que lo diga públicamente, que no hay que respetar la ley, que hay que estar por la justicia, lo que es sumamente grave para un país que presume vivir en un régimen de derecho y que el resto del mundo, desde luego que se entera y con sobrada razón desconfían de las autoridades, así como los propios nacionales que ya han sacado su dinero del país, con las lamentables consecuencias por el perjuicio que se causa a la nación.
Los titulares del Ejecutivo, cada año, en los plazos que fija la ley, presentan a los Congresos el presupuesto de egresos que se habrá de ejercer y desde luego, se señala cada rubro en el que se habrá de aplicar y hay uno, que a mi juicio, me parece superior a todos, después de la salud y la educación, que es el de la justicia, donde a nivel Federal, por mucho tiempo se derrochó a manos llenas con una desvergüenza inusitada de los ministros de la Corte, que como hasta ahora, son testaferros del Ejecutivo; todo lo contrario a nivel local una Institución que vive en la miseria, con algunos despilfarros como sucede en la Sala Superior del Tribunal de lo Administrativo integrada por tres magistrados, indiscutiblemente sometidos al Ejecutivo y donde las Salas Unitarias, no obstante lo que se ha hecho por distintas autoridades, en contra de algunos titulares de las Salas Unitarias, imputaciones de corrupción muy marcadas y que pareciera, a cambio de prebendas, luego quedan en letra muerta y donde el litigante padece desde la miserable de las atenciones, ya que en la oficialía de partes y no por miseria de quienes la integran, que es innegable el esfuerzo que hacen por atender al postulante de forma comedida y oportuna, pero es absurdo que exista una sola oficialía para cinco de las seis salas, donde el trabajo es asfixiante y si los tramites de por sí son dilatados, con el solo hecho de perder medio día para que le recepcionen una promoción, es inconcebible ver a unos metros de distancia, en la Sala Superior, como hay derroche de personal en la ociosidad y el litigante tener que callar, lo que luego el cliente de seguro le ha de reprochar, no es posible que los señores Diputados no atiendan cada rubro de la economía y del destino de los recursos, jerarquizándolos por su importancia, como debe ser el de administración y procuración de la justicia, es penoso ver fiscalías y juzgados mendigando papel para la impresión de los acuerdos, cosa que no es novedosa, pero si lamentable desde hace mucho tiempo, es hora de que abogados organizados, sobre todos aquellos que se dicen corporativistas, con esa jactancia que los caracteriza, hagan valer el derecho a la justicia y no simplemente aceptar la pírrica justicia, que esas razones que si causaran dolor viviríamos en un lamento por todas partes y a todas horas, hagamos un país y un Estado digno de hombres y mujeres pensantes.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
Locb15@hotmail.com
