/ miércoles 22 de junio de 2022

¿Salvamos vidas?


El 13 de noviembre de 2013 el Gobierno del Estado inició las actividades del Operativo Salvando Vidas, el cual tiene por objeto reducir muertes accidentales por el consumo de alcohol. Para tal efecto, se instalan módulos por diversas vialidades atendiendo las necesidades de flujo vehicular, épocas del año, horas y algún tipo de festividad o evento público que amerite reducir o inhibir conducir vehículos automotores bajo el influjo del alcohol.

Los módulos se integran con policías viales, estatales, peritos, jueces calificadores, paramédicos y otros servidores públicos, los cuales tienen que asegurarse que los conductores cumplan con la ley en la materia.

La detención de vehículos en la vía pública es aleatoria y los conductores que hemos sido sometidos a una revisión de este tipo arrojamos una muestra de aire en un dispositivo que medirá de manera cuantitativa y cualitativa los niveles de alcohol.

En caso de que se determine que la presencia de alcohol sea superior a los límites establecido en la ley, se le impondrán sanciones al conductor acordes a la escala de contenido de alcohol, las cuales serán desde una sanción económica a un arresto administrativo de hasta 36 horas. Es importante recalcar que la actuación de policías viales, jueces, peritos, agentes del ministerio público, paramédicos o de cualquier otro servidor público asignado al operativo tiene que respetar los derechos humanos de los conductores y sus acompañantes.

Para el año 2022 se tiene previsto en el programa oficial una aplicación de hasta 900 mil pruebas en comparación con las 850 mil de 2021. El programa tiene un presupuesto asignado de 4.5 millones y un universo poblacional de atención de 1.2 millones de personas.

He recibido reportes de presuntos abusos del personal asignado a diversos módulos instalados en el municipio de Zapopan en las últimas semanas, principalmente en donde se exige dinero a conductores que no pasaron la prueba de alcoholimetría para que no sean remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría y no se les imponga la sanción económica respectiva.

En un caso más específico, a un conductor que no pasó el examen señalado se le insinúo que si entregaba una cantidad de dinero a las agentes viales que lo detuvieron lo dejarían ir sin problemas, pero al no tener la cantidad que cumpliera las expectativas de las agentes viales lo agredieron físicamente tanto a él como a su esposa. El conductor fue remitido al CURVA y el vehículo trasladado al corralón, mientras que la esposa sufrió lesiones y acudió a los servicios de salud de Zapopan para ser atendida y se le expidió un parte médico de lesiones. Aparte de lo anterior, la lesionada no recibió la atención adecuada del Ministerio Público adscrito a la Cruz Verde, por lo que nuevamente fue victimizada por servidores públicos.

Estos actos de abuso de autoridad y agresión son inadmisibles en cualquier Estado de derecho, por lo que en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento de Zapopan iniciaré visitas a los módulos que se instalen en el municipio para verificar que funcionen de acuerdo a los lineamientos aprobados para tal efecto y, sobre todo, que no se comentan abusos en contra de la ciudadanía.

Del resultado de las visitas informaré al Ayuntamiento donde propondré acciones para que la autoridad municipal salvaguarde los derechos de las personas en la esfera de su competencia.

Dulce Sarahí Cortés Vite, abogada de profesión, Maestra en Administración Pública, Doctorante en Administración Pública y actualmente Regidora en el Ayuntamiento de Zapopan.


El 13 de noviembre de 2013 el Gobierno del Estado inició las actividades del Operativo Salvando Vidas, el cual tiene por objeto reducir muertes accidentales por el consumo de alcohol. Para tal efecto, se instalan módulos por diversas vialidades atendiendo las necesidades de flujo vehicular, épocas del año, horas y algún tipo de festividad o evento público que amerite reducir o inhibir conducir vehículos automotores bajo el influjo del alcohol.

Los módulos se integran con policías viales, estatales, peritos, jueces calificadores, paramédicos y otros servidores públicos, los cuales tienen que asegurarse que los conductores cumplan con la ley en la materia.

La detención de vehículos en la vía pública es aleatoria y los conductores que hemos sido sometidos a una revisión de este tipo arrojamos una muestra de aire en un dispositivo que medirá de manera cuantitativa y cualitativa los niveles de alcohol.

En caso de que se determine que la presencia de alcohol sea superior a los límites establecido en la ley, se le impondrán sanciones al conductor acordes a la escala de contenido de alcohol, las cuales serán desde una sanción económica a un arresto administrativo de hasta 36 horas. Es importante recalcar que la actuación de policías viales, jueces, peritos, agentes del ministerio público, paramédicos o de cualquier otro servidor público asignado al operativo tiene que respetar los derechos humanos de los conductores y sus acompañantes.

Para el año 2022 se tiene previsto en el programa oficial una aplicación de hasta 900 mil pruebas en comparación con las 850 mil de 2021. El programa tiene un presupuesto asignado de 4.5 millones y un universo poblacional de atención de 1.2 millones de personas.

He recibido reportes de presuntos abusos del personal asignado a diversos módulos instalados en el municipio de Zapopan en las últimas semanas, principalmente en donde se exige dinero a conductores que no pasaron la prueba de alcoholimetría para que no sean remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría y no se les imponga la sanción económica respectiva.

En un caso más específico, a un conductor que no pasó el examen señalado se le insinúo que si entregaba una cantidad de dinero a las agentes viales que lo detuvieron lo dejarían ir sin problemas, pero al no tener la cantidad que cumpliera las expectativas de las agentes viales lo agredieron físicamente tanto a él como a su esposa. El conductor fue remitido al CURVA y el vehículo trasladado al corralón, mientras que la esposa sufrió lesiones y acudió a los servicios de salud de Zapopan para ser atendida y se le expidió un parte médico de lesiones. Aparte de lo anterior, la lesionada no recibió la atención adecuada del Ministerio Público adscrito a la Cruz Verde, por lo que nuevamente fue victimizada por servidores públicos.

Estos actos de abuso de autoridad y agresión son inadmisibles en cualquier Estado de derecho, por lo que en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento de Zapopan iniciaré visitas a los módulos que se instalen en el municipio para verificar que funcionen de acuerdo a los lineamientos aprobados para tal efecto y, sobre todo, que no se comentan abusos en contra de la ciudadanía.

Del resultado de las visitas informaré al Ayuntamiento donde propondré acciones para que la autoridad municipal salvaguarde los derechos de las personas en la esfera de su competencia.

Dulce Sarahí Cortés Vite, abogada de profesión, Maestra en Administración Pública, Doctorante en Administración Pública y actualmente Regidora en el Ayuntamiento de Zapopan.

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