Desde hace once meses, todo el mundo, incluido nuestro estado, ha sufrido las catastróficas consecuencias de la llegada del COVID-19. En este escenario es preciso hacer un balance y replantearnos los modelos y estructuras que organizan y buscan dar respuesta a las necesidades de la población.
Basándonos en distintos estudios emitidos por entidades como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y la Universidad Autónoma del Estado de México, para alcanzar el 100% de la cobertura universal en salud, requeriríamos destinar al rubro entre el 5% y el 6% del PIB nacional. Sin embargo, durante los últimos 5 años ni siquiera se ha designado el 3%, y aún más preocupante resulta que durante los ejercicios presupuestales de 2018 a la fecha, no ha existido un incremento en el área.
Es importante señalar también que el gasto total en salud se divide casi en partes iguales entre el sector público y el privado, situación que refleja la insuficiencia y carencias de los servicios de salud públicos para enfrentar las necesidades sanitarias de la población. En nuestro estado, por ejemplo, las cifras de la última base de datos sobre el acceso a servicios de salud del INEGI, nos colocan en el lugar 28 a nivel nacional en este rubro y da cuenta del gran rezago respecto al promedio.
Son estos trazos los que nos sitúan en el presente, en un momento en el que nos encontramos en un punto crítico de la pandemia. Las empresas que deben proveer y vender servicios de oxígeno o insumos médicos, empezaron a abusar de la necesidad y sin regulación alguna, sin acciones afirmativas del gobierno que ayuden a detener esta situación, entre botones y la asfixia, con hospitales saturados, sus largas listas de espera y personal de primera línea enfermando cada vez más.
Han sido once meses, que han puesto a prueba la capacidad de respuesta y organización de todos los niveles de gobierno y a las instituciones públicas. Sin duda, esta enfermedad nos muestra el peor rostro del abandono al sector salud que ha imperado durante décadas, de haber subestimado la necesidad de tener más personal médico en los hospitales y no cuidar la salud mental de todo el personal de la salud, de no atender la demanda de acrecentar los presupuestos en materia de salud pública y de prevención, de la progresiva privatización de un derecho y que en el día a día se traduce como un recordatorio de la desigualdad y que sentencia que la salud es para quien pueda pagarla.
*Vicepresidenta de Hagamos
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