El 10 de abril se llevará a cabo por primera vez el proceso para la revocación de mandato en México.
Llegamos a ello por iniciativa e impulso del presidente López Obrador, aunque su origen depende de que somos una nación democrática, entrando en madurez, pues hemos superado pruebas y logrado importantes avances en los últimos 30 años: pasamos del monopartidismo al multipartidismo; los organismos electorales (IFE hoy INE) se ciudadanizaron y lograron autonomía del gobierno federal, realizando elecciones limpias y justas; transitamos por la alternancia del poder en 3 ocasiones sin ruptura, sin caos, sin ingobernabilidad. Hoy tenemos un arbitro confiable, partidos políticos con escaza militancia y representación, un gobierno aún bien calificado en las encuestas. Estamos enfrentando crisis económica, de seguridad pública, de corrupción, así como problemas sociales mal atendidos y ciudadanos poco dispuestos a participar, involucrarse y evaluar objetivamente a su gobierno.
La revocación de mandato obedece a una reforma electoral de cuarta generación, que evidencia logros y avances de la democracia mexicana. Esta opción legal constituye un seguro en contra de los excesos, de las pasiones humanas, contra la codicia, la corrupción y el abuso de poder en el cual pueden incurrir nuestros gobernantes. Es una herramienta que refuerza el control popular sobre el gobierno, que educa a los electores y los estimula a jugar un rol de supervisión más activo sobre su presidente y exigirle resultados. Pese a ello, la figura se ha degenerado al solicitarse por el mismo presidente, por promoverse con recursos públicos, sin respetar la veda electoral, promovida con inusitada manipulación propagandística, incluyendo la intención de debilitar al INE y vulnerar su autonomía, lo cual seria una impermisible regresión antidemocrática.
El fantasma de la trampa electoral se aparece al visualizarse miles de anuncios espectaculares en carreteras, en zonas urbanas. Es evidente la participación del presidente, gobernadores, funcionarios y servidores públicos realizando proselitismo. Se aparece también en la coacción sobre los ciudadanos dirigidos por la necesidad, que serán acarreados e incitados a acudir a sufragar bajo amenaza de retirarles los apoyos gubernamentales. No es claro cuanto se ha gastado en la promoción de éste que debe ser la ultima aparición –aunque esta vez, indirecta, sin nombre ni foto- de López Obrador en las boletas electorales.
Para que la revocación de mandato sea válida, deberían participar por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, aproximadamente 37,331,508 votos y el sí o el no debe alcanzar al menos el 51% del total de votos. Esta debiera ser una herramienta de castigo, para casos de emergencia, ante crisis sumamente mayores que la que actualmente enfrentamos como nación.
Finalmente ¿Porqué votar a favor de quien ya gobierna y fue electo para hacerlo hasta 2024? Y ¿Porqué hacerlo en contra, si aún revocándole el mandato seguiría gobernando alguien afín y manejado por López Obrador sin convocar a elecciones hasta el 2024? ¿Qué ganaríamos en ello?
Confió en el INE como garante del ejercicio, pero no confío en las intenciones del presidente y de su grupo en el poder; confió en la defensa de proyectos de nación, duraderos, no efímeros, no en lideres carismáticos ni acciones dirigidas por el ego o la necesidad de legitimación. Como la elección no combate la corrupción ni promueve la rendición de cuentas de manera efectiva y real, decido no participar.
Por Carlos Anguiano*
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