/ miércoles 7 de octubre de 2020

Reinserción Social, la renovación de lo esencial

Jared Zurisadai

El cierre del CEFERESO 2, ubicado en Puente Grande, que el presidente Andrés Manuel López Obrador explica como acción que responde “al abandono y al gasto innecesario” que tal reclusorio federal representa, deja muchas preguntas y hace voltear las miradas curiosas a los reclusorios estatales.

Llama la atención que el Presidente perciba como “innecesario” el gasto en un penal federal de alta seguridad, mientras se observa el grave problema de inseguridad y violencia delincuencial que sufre el país.

Llama la atención también que el discurso y las acciones sean distintas en el ámbito estatal. En Jalisco, como nunca antes, el asunto de la reinserción social se ha abierto a la opinión pública y las autoridades penitenciarias estatales reiteran la importancia de realizar dicha reinserción desde una óptica de derechos humanos, incluso con perspectiva de género.

Tan sólo en 2020, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha visitado dos reclusorios estatales, el Preventivo, el 10 de enero, y el Femenil, el 21 de agosto. Ambas visitas tuvieron como motivo la inauguración de nuevas instalaciones, en el Preventivo un tianguis penitenciario para la comercialización de bienes producidos por los internos, así como un auditorio. En el Femenil, un módulo de dormitorios, presumido con nuevo modelo de dignidad por su diseño arquitectónico y equipamiento.

Por cierto, el sistema penitenciario estatal está a cargo de un penitenciarista, uno que ya en 1997 organizaba foros nacionales de derecho penitenciario, José Antonio Pérez Juárez, con participantes tan notables como Juan Pablo de Tavira y Noriega, Moisés Moreno Hernández y Jorge Ojeda Velázquez.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco está a cargo de alguien que ya desde 1997 manifestó ideas que hoy lo comprometen positivamente. Por ejemplo, que “los centros penitenciarios deben tener convenios con grandes empresas por alguna labor y así mantener a sus familias”, “No hay readaptación de reclusos sin adecuada terapia ocupacional”.

Las citas de lo dicho por Pérez Juárez durante aquel Foro Nacional de Derecho Penitenciario realizado en Jalisco en 1997, contienen ideas avanzadas entonces y aún pendientes de realizar en muchos reclusorios. “Tenemos que hacer que nuestros sistemas de readaptación hagan olvidar sus rencores hacia los internos, que los hagan productivos y que los reincorporen a su comunidad”, “Readaptar no es segregar, maltratar y castigar a los internos, porque eso crea rencores contra la autoridad y contra la sociedad… debemos darles una oportunidad a las personas recluidas pero con sus derechos humanos como cualquiera”.

Ya en 1997, José Antonio Pérez Juárez señalaba la necesidad de analizar y encontrar “nuevos caminos y sistemas de readaptación y reinserción social de quienes transgreden la Ley muchas veces accidentalmente o por ignorancia y necesidades económicas, incapaces de afrontarlos correctamente, con una tasa de desempleo tan elevada y una crisis económica tan aguda”.

Pérez Juárez advertía, además, que: “todavía vemos que en algunos casos se sigue tratando a los internos con sistemas represivos y de segregación, de falta de respeto a la dignidad y a los Derechos Humanos, y que la poca efectividad de los programas implementados por la autoridad y el estigma social hacia quienes tuvieron la desgracia de purgar una condena les cierra la oportunidad de readaptarse, de reinsertarse sanamente, productivamente, social y familiarmente”.

Era 1997 y el actual Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, ya afirmaba que “ya no caben actitudes antagónicas de la autoridad hacia los organismos civiles y medios de comunicación; deben los gobernantes comparecer ante los gobernados con respeto y honestidad, pero también con claridad y capacidad”.

Y ya advertía la necesidad de “implementar una nueva legislación que adecue las leyes de la materia para encontrar soluciones, pero también hace falta que el Estado entienda que los profesionales de la materia, asociaciones civiles, los propios reclusos y sus familiares, la iniciativa privada, el comercio y la sociedad en general, somos corresponsables y parte fundamental para el cumplimiento de estos objetivos”.

Terminamos con las citas y observamos el presente. Durante 2020, directivos e industriales miembros del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, han visitado los reclusorios estatales y ya instalaron unidades de capacitación y producción para las personas privadas de la libertad. Se trata de industriales madereros, textiles, zapateros y muebleros.

Los reclusorios estatales, además, cuentan con actividades institucionalizadas de deporte en múltiples disciplinas, lo mismo que culturales en materia de ballet folclórico, danza moderna, teatro, edición de libros, pintura, yoga. Cuentan también con el programa “Leer para la Libertad”, que durante 2020 sumó 4 mil 300 ejemplares, para contar ya con más de 45 mil ejemplares repartidos en los 14 centros de reinserción jaliscienses.

El cambio de actitud institucional en materia de reinserción social se refleja en los datos. Del 06 de diciembre de 2018, cuando inició la actual administración, al 22 de agosto de 2020, han egresado de los reclusorios estatales 7 mil 806 personas. De éstas han vuelto a ingresar 115, 111 aún vinculadas a proceso, es decir, sin sentencia, y sólo cuatro sentenciadas, ninguna mujer. El resultado es una eficacia en reinserción social de 99.9 por ciento.

Lo anterior no indica que el sistema penitenciario estatal esté exento de problemas, todo reclusorio es un problemática social e institucional por resolver. 2020 fue un año signado por la pandemia de COVID19, que no excluyó a los reclusorios, pero DIGPRES realizó la hazaña de controlar un brote y mantener la calma dentro de sus muros. El reclusorio de sentenciados registró una riña reducida entre internos, con nueve fallecidos. No hubo motín, no hubo agresión a autoridades. El control sanitario se logró gracias al Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana de COVID19, que fue modelo para otros reclusorios en el país, con filtros sanitarios, videollamadas y actividades de prevención de estrés por aislamiento.

Hay además añejas carencias, instalaciones que renovar, equipamiento que completar. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco tiene un proyecto, convertirse en Instituto Penitenciario del Estado de Jalisco, una OPD que podría diseñar y ejecutar una política penitenciaria que abandone absolutamente el castigo inútil y convierta a la reinserción social en formación para la libertad.

Jared Zurisadai

El cierre del CEFERESO 2, ubicado en Puente Grande, que el presidente Andrés Manuel López Obrador explica como acción que responde “al abandono y al gasto innecesario” que tal reclusorio federal representa, deja muchas preguntas y hace voltear las miradas curiosas a los reclusorios estatales.

Llama la atención que el Presidente perciba como “innecesario” el gasto en un penal federal de alta seguridad, mientras se observa el grave problema de inseguridad y violencia delincuencial que sufre el país.

Llama la atención también que el discurso y las acciones sean distintas en el ámbito estatal. En Jalisco, como nunca antes, el asunto de la reinserción social se ha abierto a la opinión pública y las autoridades penitenciarias estatales reiteran la importancia de realizar dicha reinserción desde una óptica de derechos humanos, incluso con perspectiva de género.

Tan sólo en 2020, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha visitado dos reclusorios estatales, el Preventivo, el 10 de enero, y el Femenil, el 21 de agosto. Ambas visitas tuvieron como motivo la inauguración de nuevas instalaciones, en el Preventivo un tianguis penitenciario para la comercialización de bienes producidos por los internos, así como un auditorio. En el Femenil, un módulo de dormitorios, presumido con nuevo modelo de dignidad por su diseño arquitectónico y equipamiento.

Por cierto, el sistema penitenciario estatal está a cargo de un penitenciarista, uno que ya en 1997 organizaba foros nacionales de derecho penitenciario, José Antonio Pérez Juárez, con participantes tan notables como Juan Pablo de Tavira y Noriega, Moisés Moreno Hernández y Jorge Ojeda Velázquez.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco está a cargo de alguien que ya desde 1997 manifestó ideas que hoy lo comprometen positivamente. Por ejemplo, que “los centros penitenciarios deben tener convenios con grandes empresas por alguna labor y así mantener a sus familias”, “No hay readaptación de reclusos sin adecuada terapia ocupacional”.

Las citas de lo dicho por Pérez Juárez durante aquel Foro Nacional de Derecho Penitenciario realizado en Jalisco en 1997, contienen ideas avanzadas entonces y aún pendientes de realizar en muchos reclusorios. “Tenemos que hacer que nuestros sistemas de readaptación hagan olvidar sus rencores hacia los internos, que los hagan productivos y que los reincorporen a su comunidad”, “Readaptar no es segregar, maltratar y castigar a los internos, porque eso crea rencores contra la autoridad y contra la sociedad… debemos darles una oportunidad a las personas recluidas pero con sus derechos humanos como cualquiera”.

Ya en 1997, José Antonio Pérez Juárez señalaba la necesidad de analizar y encontrar “nuevos caminos y sistemas de readaptación y reinserción social de quienes transgreden la Ley muchas veces accidentalmente o por ignorancia y necesidades económicas, incapaces de afrontarlos correctamente, con una tasa de desempleo tan elevada y una crisis económica tan aguda”.

Pérez Juárez advertía, además, que: “todavía vemos que en algunos casos se sigue tratando a los internos con sistemas represivos y de segregación, de falta de respeto a la dignidad y a los Derechos Humanos, y que la poca efectividad de los programas implementados por la autoridad y el estigma social hacia quienes tuvieron la desgracia de purgar una condena les cierra la oportunidad de readaptarse, de reinsertarse sanamente, productivamente, social y familiarmente”.

Era 1997 y el actual Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, ya afirmaba que “ya no caben actitudes antagónicas de la autoridad hacia los organismos civiles y medios de comunicación; deben los gobernantes comparecer ante los gobernados con respeto y honestidad, pero también con claridad y capacidad”.

Y ya advertía la necesidad de “implementar una nueva legislación que adecue las leyes de la materia para encontrar soluciones, pero también hace falta que el Estado entienda que los profesionales de la materia, asociaciones civiles, los propios reclusos y sus familiares, la iniciativa privada, el comercio y la sociedad en general, somos corresponsables y parte fundamental para el cumplimiento de estos objetivos”.

Terminamos con las citas y observamos el presente. Durante 2020, directivos e industriales miembros del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, han visitado los reclusorios estatales y ya instalaron unidades de capacitación y producción para las personas privadas de la libertad. Se trata de industriales madereros, textiles, zapateros y muebleros.

Los reclusorios estatales, además, cuentan con actividades institucionalizadas de deporte en múltiples disciplinas, lo mismo que culturales en materia de ballet folclórico, danza moderna, teatro, edición de libros, pintura, yoga. Cuentan también con el programa “Leer para la Libertad”, que durante 2020 sumó 4 mil 300 ejemplares, para contar ya con más de 45 mil ejemplares repartidos en los 14 centros de reinserción jaliscienses.

El cambio de actitud institucional en materia de reinserción social se refleja en los datos. Del 06 de diciembre de 2018, cuando inició la actual administración, al 22 de agosto de 2020, han egresado de los reclusorios estatales 7 mil 806 personas. De éstas han vuelto a ingresar 115, 111 aún vinculadas a proceso, es decir, sin sentencia, y sólo cuatro sentenciadas, ninguna mujer. El resultado es una eficacia en reinserción social de 99.9 por ciento.

Lo anterior no indica que el sistema penitenciario estatal esté exento de problemas, todo reclusorio es un problemática social e institucional por resolver. 2020 fue un año signado por la pandemia de COVID19, que no excluyó a los reclusorios, pero DIGPRES realizó la hazaña de controlar un brote y mantener la calma dentro de sus muros. El reclusorio de sentenciados registró una riña reducida entre internos, con nueve fallecidos. No hubo motín, no hubo agresión a autoridades. El control sanitario se logró gracias al Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana de COVID19, que fue modelo para otros reclusorios en el país, con filtros sanitarios, videollamadas y actividades de prevención de estrés por aislamiento.

Hay además añejas carencias, instalaciones que renovar, equipamiento que completar. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco tiene un proyecto, convertirse en Instituto Penitenciario del Estado de Jalisco, una OPD que podría diseñar y ejecutar una política penitenciaria que abandone absolutamente el castigo inútil y convierta a la reinserción social en formación para la libertad.