Gerardo Gutiérrez Candiani
En medio de los múltiples y complejos problemas que enfrentamos como nación, incluyendo la polarización social que crece y se fomenta desde el poder, inopinadamente se decide que resulta oportuno pedir perdón, a nombre del Estado mexicano, a ex guerrilleros, por las violaciones a sus derechos humanos, e incluso premiar a algunos de ellos y calificar como valientes las acciones de secuestro o asesinato de otros.
Sería de esperar que, si es cierto que hay un ánimo de reconciliación y revaloración histórica en esta dinámica, también haya una disculpa pública a las víctimas de estos grupos armados, por parte de los guerrilleros, como acaban de hacer en Colombia, y también del Estado. Que se señale y asuma la responsabilidad del gobierno de esos años por su participación, por comisión u omisión, en la tragedia que sufrieron personas inocentes y sus familias, actores totalmente involuntarios en ese drama, a diferencia de los guerrilleros.
En concreto, si de verdad hay esa intención de cerrar heridas y hacer justicia, que el Estado mexicano pida solemnemente perdón por el asesinato de don Eugenio Garza Sada, su chofer y su escolta, en el que el gobierno de entonces, cuyo jefe máximo sigue vivo, estuvo implicado.
Como ha demostrado el periodista Jorge Fernández Menéndez, la responsabilidad no sólo fue de la Liga Comunista 23 de septiembre, sino también de un aparato de “seguridad” corrupto, con un gobierno que supo con antelación del proyecto para secuestrar a este inolvidable empresario, fundador de empresas que hasta hoy generan miles de empleos en México y en varios países, así como del Tecnológico de Monterrey; un régimen que no hizo nada para impedir lo que pasó, y más bien maniobró para sacar partido.
Habría que comprometerse para que ese tipo de radicalismos y la manipulación de los mismos no enturbien la vida pública en el México de hoy. Que nadie saque provecho de las diferencias que existen en el seno de la sociedad. Que no se aliente la división y el encono social. Que, más bien, se reconozca en todo momento la diversidad y la pluralidad de nuestra nación, con el Estado de derecho y la democracia como las vías de la interacción y la conciliación de nuestras diferencias.
El riesgo es claro, porque el “reconocimiento histórico” sería lo de menos; lo grave sería que esos grupos quieran mandar y tomar decisiones para el México de hoy con base en las ideas e interpretaciones de la política, la economía y la sociedad de hace 40 o 50 años; peor aún, con una disposición revanchista, autoritaria, llena de prejuicios; sin reconocimiento de las realidades del mundo de hoy y de esa pluralidad nacional que, si ya era amplia en los años 70, es enorme.
Más relevante que tratar de reivindicar a quienes participaron en secuestros, hoy vemos, por ejemplo, que trasciende en la prensa detalles de un proyecto de educación alternativo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que incluye enseñar lucha social, desobediencia y resistencia a “las imposiciones institucionales, culturales y consumistas como primeras acciones contrahegemónicas”. Donde se llama a romper “con el enfoque técnico e instrumental de la educación tradicional”.
No habría problema si solo fuera un panfleto radical más, pero la CNTE prácticamente acaba de dictar a los legisladores o palomearles los términos de una nueva legislación educativa que les da amplios poderes en el sistema educativo nacional, en un entorno en el que, en plena era de la economía del conocimiento y la cuarta revolución industrial, el 55% de los estudiantes de secundaria no alcanza un nivel mínimo necesario en matemáticas.
México tiene muchos retos, pero no va a superarlos o con las recetas de otro tiempo, ni el centralismo y el corporativismo clientelar de entonces ni mucho menos la lucha de clases.
No podemos permitirnos perder el Siglo XXI por las obsesiones de unos cuantos y de otra época. La vacuna es la reflexión y la participación ciudadana, con realismo y madurez.
